Los enfrentamientos en Panduro el pasado 25 de agosto. |
AFP
Testimonios
recogidos del informe escrito del defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto,
señalan que el pasado 25 de agosto, cuando fue victimado el viceministro de
Régimen Interior, Roldolfo Illanes, se habrían utilizado armas letales, entre ellas
“pistolas ametralladoras”.
En su última
declaración, Tezanos señaló a siete jefes policiales de haber portado armas. La
Policía y el Gobierno han pedido al Defensor presentar “pruebas” de esas afirmaciones
y la Fiscalía de La Paz lo citó para hoy a las 15:00.
El informe
del Defensor menciona como indicios del empleo de armas de fuego “los
antecedentes de víctimas por impactos de bala, los resultados de las autopsias,
la recepción de un par de casquillos 9 milímetros en la localidad de Panduro,
los testimonios de mineros de Viloco, que refieren que hubo ráfaga y el informe
médico sobre la atención a heridos en el Centro de Salud Eucaliptus”.
Según el
informe, a ello “se suma el testimonio de personal de la Policía Boliviana que
refiere la utilización de la pistola-ametralladora STAR Z-70, que dispara
munición de 9 milímetros de calibre”. “Sin embargo, el Comando Departamental de
La Paz de la Policía Boliviana, mediante nota Cmdo. Gral. N° 1416/16, de 30 de
septiembre, negó que hubieran habido fuerzas especiales en el lugar del
conflicto”, añade el informe.
El informe
contrapone esta afirmación señalando que hay imágenes de cadenas de televisión,
como PAT o de Reuters, que muestran la presencia de la Unidad Delta y de la
Unidad Táctica de Operaciones–UTOP, ambos de la Policía Boliviana.
A su arribo a
la ciudad de La Paz, Tezanos se reunió con el ministro de Gobierno, Carlos
Romero, a quien expuso la situación en Panduro. “El Ministro de Gobierno señaló
que contaba con un plan de rescate, y que determinaría el repliegue de la
Policía, enfatizando que había prohibición de uso de armas letales”, detalla el
informe.
Al promediar
las 13:00 de ese 25 de agosto, el Defensor “instó públicamente al repliegue de
la Policía para evitar un posible enfrenamiento, precautelando la vida y la
integridad física del Viceministro”. Sin embargo, paralelamente, más allá de
Konani, los efectivos policiales se enfrentaban con los cooperativistas
mineros, con cachorros de dinamita, gases y balines.
Al respecto,
la representante de la Defensoría del Pueblo de La Paz, Teresa Subieta, que se
encontraba en el lugar, escuchó cómo, mediante un equipo de radio de la
Policía, se informó que al haberse acabado los gases lacrimógenos como medios
disuasivos, se dispuso el uso de balines.
Pasaban los
minutos, entre presumibles acuerdos para iniciar el diálogo, la presencia de
los abogados de los cooperativistas en el Ministerio Público e intentar liberar
a los detenidos, no se arribó a nada.
Pese al
instructivo de repliegue policial, en horas precedentes a la muerte de Illanes,
los enfrentamientos continuaban y, de acuerdo con el informe de la Defensoría,
se observó a un grupo de jóvenes, de entre 15 y 20 años, que parecían estar
ebrios, encabezaban y gritaban desaforados “deportearemos”.
“Lanzaban
dinamita, se acercaban a la Policía lanzándole dinamitas, hacían movimientos
tácticos para cercarla. Y la Policía lo que hizo fue replegarse. Se replegó
sistemática, tácticamente. En ese repliegue hubo refriegas porque había mineros
que intentaban acercarse a los policías”, señala el documento.
7 POLICÍAS
El pasado 27
de octubre, el defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, identificó a siete
efectivos policiales que tenían armas letales en las jornadas de violencia y
enfrentamiento entre las fuerzas del orden y mineros cooperativistas, los
pasados 24 y 25 de agosto en la zona de Panduro.
“Por portación
de arma letal se identificó a los siguientes miembros de la Policía Boliviana:
el Comandante Departamental de Policía - La Paz, Cnl. José Luis Araníbar; el
Cnl. Juan Carlos Flores Flores; el Tcnl. Richard Gustavo Olivares Coss; el My.
Juan Carlos Vega Gareca; el My. Juan Javier Salgueiro Hurtado; el My. Yoshiro
M. Armentia Escobar; y Walter Laguna Saavedra, con armas de calibre 9 mm”, señala
el informe del Defensor.
Algunos de
los aludidos, entre ellos Araníbar, protestaron por el informe y reclamaron pruebas
al Defensor.
Los Tiempos
