Andrade, Bacarreza, Valencia,Camacho, Lahor y Flores, los seis magistrados que firmaron el acta que habilita a Evo Morales y otras autoridades a repostular a sus cargos sin límites
Juntos suman 57 denuncias en su contra, ninguno ganó la
votación con más del 6% de los votos y dejan sus cargos a fin de año. Conoce
más sobre los miembros del TCP
A pocas semanas de terminar sus mandatos, los magistrados
Macario Lahor Cortez, Oswaldo Valencia, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Ruddy
Flores y Neldy Andrade firmaron la resolución que habilita a Evo Morales y
Álvaro García Linera, a postularse por cuarta vez consecutiva a los cargos de
presidente y vicepresidente, respectivamente, desconociendo el resultado del 21
de febrero de 2016.
Los seis magistrados de Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP) -que fueron elegidos en las elecciones judiciales de 2011
sin superar ninguno el 6% de los votos- suman 57 denuncias en su contra: Mirtha Camacho (13), Ruddy Flores (7),
Macario Lahor Cortez (11), Oswaldo Valencia (10), Zenón Bacarreza (9) y Neldy
Andrade (7).
Conoce quiénes son los magistrados que firmaron el acta
que da luz verde a la postulación indefinida de autoridades:
Mirtha
Camacho
Fue elegida con el 5,95% de los votos. Es abogada
Penalista de la Universidad Técnica de Oruro y egresada de la maestría en
Derecho Constitucional y Administrativo.
En 2015 fue denunciada por el delito de incumplimiento de
deberes y otros. Fue aprehendida tras negarse a declarar dentro de un juicio en
su contra.
Es la que más denuncias acumula: 13. Entre ellas por los
delitos de incumplimiento de deberes, beneficio
del cargo, ventaja económica e incumplimiento de una sentencia
constitucional.
Macario
Lahor Cortéz, presidente del TCP
Fue elegido magistrado con el 4.40% de los votos.
Es licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad Mayor de San Andrés, de La Paz, y tiene una maestría en
Derecho Constitucional de la misma casa de estudios. Realizó una especialidad
en Derecho Constitucional, Diplomado en Derecho Constitucional y Asamblea
Constituyente, entre otros estudios.
Tiene once denuncias en su contra, entre ellas por el
delito de prevaricato.
También fue acusado de estar vinculado a organizaciones
afines al MAS. Desde el oficialismo, aseguraron que fue elegido por el voto del
pueblo y que acreditó un certificado de no filiación o pertenencia política con
ningún partido.
Ruddy
Flores
Elegido con el 5,77% de los votos, es abogado y
diplomático. Tiene maestrías en Derecho Constitucional y Procedimiento
Constitucional y en Relaciones Internacionales y Diplomacia. Tiene 7 procesos
en su contra.
Uno de los casos de mayor resonancia fue en 2015, cuando
Flores conducía una vagoneta por la
carretera Sucre-Potosí y colisionó contra una motocicleta manejada por Marcial
Trujillo (25), quien falleció de manera instantánea, según la Policía de
Betanzos, citada por la radio Aclo.
El Ministerio Público le inició un proceso por la
comisión del delito de lesiones graves, gravísimas en accidente de tránsito. No
obstante, la jueza Mary Jacqueline Barrientos, en una audiencia cautelar,
resolvió dejarlo en libertad.
Oswaldo
Valencia
Ocupa el cargo con el 3,91% de los votos. Es licenciado
en Derecho y Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad Superior del Oriente Boliviano. Tiene maestrías en
Derecho Penal y Procesal, Constitucional y Procesal Constitucional.
Entre la decena de denuncias que enfrenta, está la
supuesta comisión de los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la
Ley y falsedad ideológica.
En julio de este año, fue criticado por emitir un
instructivo en el que prohibía algunas prendas de vestir para los funcionarios
del TCP: jeans de cualquier color, pantalones estampados, botas largas, calzas,
chamarras, chamarras de cuero, poleras, minifaldas, blusas transparentes y
escotes, vestidos cortos y zapatillas.
Tras una ola de críticas en contra de su idea, dejó sin
efecto la norma.
Durante su gestión como presidente del TCP, se declaró
inconstitucional la figura del preaviso como mecanismo de despido y se eliminó
el artículo 12 de la Ley General del Trabajo sobre esta figura legal.
Zenón
Bacarreza
Fue elegido con el 2,45% de los votos. Es licenciado en
Ciencias Políticas y Jurídicas y tiene una maestría en Derecho Constitucional y
Procesal Constitucional. Bacarreza tiene 9 procesos en su contra, entre ellos
por corrupción y tráfico de influencias.
En 2016, gremiales de El Alto exigieron su destitución
por presuntamente haber favorecido a su hermana como jueza de Sentencia y a su
hermano como subalterno de un juzgado.
El magistrado dijo, al periódico chuquisaqueño Correo del
Sur, que jamás influenció ante los jueces para favorecer a sus familiares.
“Jamás ejercí presión o influencia sobre ninguna autoridad en beneficio
particular o de familiares, descarto todo tipo de tráfico de influencias”, se excusó.
Neldy
Virginia Andrade
Elegida con el 5,25% de los votos, es abogada titulada de
la Universidad Autónoma Tomás Frías y tiene un post grado en Derecho Procesal y
Oralidad. Tiene 7 procesos en su contra.
En 2012 estuvo envuelta en una polémica luego de que un
medio digital hiciera conocer que la magistrada firmó resoluciones de sala
mientras estaba ausente del país, aparentemente en representación del TCP,
entre el 17 y 25 de julio de ese año.
Por otra parte, una disputa matrimonial en 2013 acabó con
acusaciones en contra de la magistrada.
Andrade fue denunciada formalmente ante el Ministerio Público por su esposo,
Ariel Sanabria, de ejercicio ilegal del
cargo, falsificación de documentos, declaración jurada falsa, tráfico de
influencias y supuestos viajes de placer con dinero público.
Andrade calificó como falsas esas denuncias y manifestó
que respondían a una motivación machista para que ella deje el cargo.
Efrén
Choque, el séptimo magistrado del TCP, no firmó el acta de la
sala constitucional.
El
viaje a China
Hace dos años, en noviembre de 2015, cuatro magistrados
(Ruddy Flores, Neldy Andrade, Efrén Choque y Mirtha Camacho), estuvieron
envueltos en un polémica por haber viajado por un mes a China a un curso de
Administración Pública, y dejar sin quórum al ente de control constitucional.
Entonces, el vicepresidente Álvaro García Linera calificó
su viaje de "inmoral, indecente y abusivo".
