La Ley de Seguridad Ciudadana ordena restringir las comunicaciones, pero aún no se cumple. Son muchas víctimas de cobros por falsos recojos de maletas para evitar la supuesta detención de familiares y ofertas de mercadería de la Aduana
Desde Palmasola, según la Policía, se planificó el atraco a Eurochronos y desde hace años se conoce que allí se instruyen diversos hechos delincuenciales, como asaltos o secuestros. El 8 de febrero del año pasado, se ventiló un caso que llegó al extremo de que un recluso realizaba atracos con el arma de su escolta policial cuando iba al hospital a recibir atención médica. Sin embargo, no es necesario que los reos salgan para delinquir, puesto que desde el año pasado se han conocido estafas vía telefónica y redes sociales, que, según la Policía, se realizan desde Palmasola.
La Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana desde 2012 establece que el Gobierno Nacional debe implementar sistemas electrónicos para bloquear las llamadas de los internos, además de instalar cabinas telefónicas para que estos puedan comunicarse con sus familiares y sus abogados. Han pasado más de cinco años y no existen avances.
EL DEBER se comunicó con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y con el director de Régimen Penitenciario, Jorge López, pero se remitieron al informe de gestión del ministerio en que se reconoce que se tienen “muchos problemas de seguridad en las cárceles” y se reiteran anuncios que se hacen desde anteriores gestiones , como cámaras de video de vigilancia, paraguas inhibidores que bloquean las llamadas de celular; así también, control de introducción de metales, registro biométrico y manillas electrónicas con GPS para vigilar desde un centro de monitoreo a las personas con medidas sustitutivas.
El defensor del pueblo en Santa Cruz, Jorge Paz, señala que el Estado, a través de las instituciones que tienen que ver con la investigación, la Fiscalía y la Policía, debe escudriñar este tema en profundidad y darle una solución.
“Si ya se identificó a quienes cometen estos hechos desde las cárceles, hay que llegar a los puntos de donde nacen, ya sea en oficinas de lujo o en la cárcel”, dijo.
Lamentó que los casos sean atendidos por un tiempo “mientras dura la bulla”, con requisas, decomisos y medidas de seguridad temporales, pero no hay soluciones de fondo. “En las cárceles está prohibido el uso de celulares, pero eso es una gran mentira porque la mayoría de los internos los tienen. Eso es una gran mentira. Se deben implementar medidas de seguridad tecnológicas”, aseveró.
Atrapado en flagrancia
Ana María M. recibió un mensaje de WhatsApp a las 10:15 del 4 de enero, de alguien que se hacía pasar por su amiga Patricia R.C., quien le decía que había cambiado de número. Más allá de usar su foto en el perfil, la persona que se hacía pasar por ella manejaba mucha información obtenida a través del Facebook para hacer creíble su cuento. Una vez que Ana María picó el anzuelo, la suplantadora de Patricia le dijo que había perdido su vuelo de Chile a La Paz, pero que sus maletas sí habían salido y que le dieron un número de teléfono para comunicarse con un funcionario del aeropuerto y tramitar el recojo de las maletas.
Luego de planteado el cuento, lo que sigue es generar interés en la persona enganchada, señalando que en la maleta hay objetos de gran valor económico e incluso dinero en efectivo, el cual la persona que cae en el cuento, puede tomar para sí a cambio del favor.
A Ana María le dijeron que en las maletas había teléfonos celulares, computadoras portátiles por un valor de $us 10.000, además de $us 600 en efectivo. Para recuperarlos debía comunicarse con un supuesto funcionario de la Aduana, Édgar Rubén G.T., y este a la vez le pedía hacer un depósito (Bs 1.121) en el banco Unión a nombre de Wilver Araúz Romero como pago del traslado de las maletas desde La Paz hasta Santa Cruz.
Una vez realizado el pago, los estafadores continúan intentando obtener más dinero. A Ana María le pidieron Bs 6.951 por una declaración jurada y ante su rechazo le “rebajaron” a Bs 4.951. La mujer sospechó y acudió de inmediato a la sucursal del Banco Unión en Equipetrol y allí corroboró que el depósito que había realizado, ya había sido retirado de la cuenta. Fue así que sentó denuncia contra el sujeto a nombre de quien estaba la cuenta y siguiendo el juego, le señaló que había hecho un nuevo depósito, por lo que Wilver Araúz Romero fue aprehendido en el mismo banco cuando intentó retirar la plata.
Araúz Romero confesó que había participado en unos 100 casos en coordinación con dos reos que están en el Pabellón Cerrado 3, bloque B, de Palmasola, a uno de los cuales identificó como ‘El colombiano’ y a otro como Aldo Subarrieta.
El comandante Fermín Aguilar, de la EPI de Los Lotes, indicó que han recibido 10 denuncias de este tipo de estafas y que se ha determinado que las llamadas provienen del penal de Palmasola.
