Fiscal admite que no se investigó a china Camce
El miércoles,
la Fiscalía eximió a Zapata de cuatro delitos y con ello liberó de cualquier
tipo de responsabilidad al Estado y la empresa china Camce.
El caso
Zapata estalló en febrero de 2016 con la denuncia del periodista Carlos
Valverde en sentido que el consorcio chino se beneficiaba con la adjudicación
de obras debido a la relación que sostuvieron el presidente del Estado, Evo
Morales con Zapata, en ese entonces gerente comercial de Camce, por haber
procreado un supuesto hijo, por lo que había sospechas de un delito de tráfico
de influencias.
Sin embargo,
según el fiscal General, Ramiro Guerrero, si bien la primera imputación a
Zapata se la realiza porque presuntamente lograba contratos a favor de la
empresa Camce y otras empresas a través del vínculo que tenía con la entonces
jefa de Unidad de Apoyo a la Gestión Social, Cristina Choque, en el proceso de
investigación se evidencia que no hay sustento para esta sindicación y que
además no se investiga porque había una indagación en curso que realizaba la
Asamblea Legislativa Plurinacional y que, de acuerdo con la economía jurídica,
no puede existir una investigación paralela.
“El
Ministerio Público no ha investigado el tema de los contratos de la Camce.
Ustedes saben muy bien que ha habido una instancia del Órgano Legislativo, una
comisión legislativa la que ha investigado, indagado, no se puede hacer una
doble investigación. Producto de ello es que se determina la exclusión en
algunos delitos pero también la participación en otros”, señaló.
Bajo este
concepto, la comisión de fiscales de la Fiscalía de La Paz, presentó la
acusación formal en contra de Gabriela Zapata con el sobreseimiento de cuatro
delitos de los 10 que se le imputó: uso indebido de influencias, falsedad
material, falsedad ideológica, ejercicio indebido de la profesión y enriquecimiento
ilícito de particulares con afectación al Estado.
Dentro de
este esquema, Guerrero afirmó que no se excluyeron delitos que tengan penas
altas y que en todo caso entre los incorporados durante el proceso de
investigación el de “legitimación de ganancias ilícitas es la que más peso
tiene” por lo que la Fiscalía pedirá la pena máxima de 12 años.
Los Tiempos
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