Fiscal Guerrero y ministro Romero, otra vez en el “ring”




Caso Illanes reaviva peleas entre Guerrero y Romero
“Con razón anda mal la seguridad del país”, respondió Guerrero a los cuestionamientos que hizo Romero a la actuación de la Fiscalía durante el conflicto con los mineros. La Policía se involucró
Tres veces en seis meses polemizaron el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, quienes deslizaron duras críticas al trabajo del otro a través de los medios y que también involucró a la Policía. Todos por el mismo caso, el secuestro y la muerte del viceministro Rodolfo Illanes, ocurrido en Panduro en agosto de 2016.
El jueves, el ministro acusó al Ministerio Público de no haber cumplido su deber en los luctuosos hechos de Panduro y denunció que la comisión de fiscales que había sido designada, nunca llegó al lugar del secuestro del viceministro Illanes.
Ayer, Guerrero salió a responder las afirmaciones que Romero realizara un día antes. “Esta imputación (contra el coronel José Luis Araníbar) fue presentada el 2 de diciembre del año pasado, es una pena que (el ministro) se entere tan tarde, con razón anda mal la seguridad del país”, refutó el fiscal general desde Sucre.
Para Guerrero las afirmaciones de Romero coinciden con las que vertió el político opositor Jorge Quiroga, y comentó que al parecer se pusieron de acuerdo para esa tarea.
En la discusión por los medios de comunicación se involucraron otros actores. Al mediodía, el comandante de la Policía, René Salazar, y los viceministros Carlos Aparicio y  José Luis Quiroga salieron, por separado, a exponer las tareas que les compete como organismos de seguridad y descalificaron las acusaciones de Guerrero.
 “Refutamos las insinuaciones del fiscal general al pretender responsabilizarnos de la inseguridad ciudadana, cuando uno de los factores principales para esa situación es la liberación de delincuentes reincidentes, atribuible a una sospechosa negligencia en la investigación penal”, dijo el general Salazar en una conferencia convocada en un inusual horario en sus oficinas. La autoridad no respondió preguntas y se limitó a leer un comunicado de ocho párrafos en los que refuta las acusaciones del fiscal.
 Posteriormente, después de las 17:00, el Ministerio de Gobierno convocó otra rueda de prensa, en la que estuvieron presentes los viceministros Carlos Aparicio y José Luis Quiroga, quienes, al igual que el jefe policial, leyeron un documento y expusieron algunas cifras sobre la seguridad ciudadana y los operativos.
 “Resulta injusto que los esfuerzos de la Policía boliviana para capturar delincuentes no sean acompañados por una actuación profesional y eficiente de algunos fiscales”, señala el comunicado leído por el viceministro Aparicio, quien después de la lectura salió sin contestar preguntas.
Como respuesta, el Ministerio Público de La Paz anunció una también inusual conferencia de prensa, a cargo del fiscal de distrito sobre un caso local. El fiscal Edwin Blanco, que evita a los medios de comunicación paceños, justificó su ausencia aduciendo que preparaba el informe de rendición de cuentas y que por esa razón no atendía a los periodistas.
 Sin embargo, ayer aceptó hablar después de la conferencia de los dos viceministros y cuando fue consultado sobre estas acusaciones, se excusó y dijo que no respondería a temas políticos
Tercera confrontación
El 15 de septiembre de 2016 se produjo la primera fricción, después que la Fiscalía convocara a declarar a Romero por la muerte del viceministro Illanes en la localidad de Panduro el 25 de agosto; en ese entonces Romero dijo que la Fiscalía debería dedicarse a buscar a los asesinos del viceministro en vez de polemizar por su declaración oficial.
 Luego de una semana, el fiscal salió a responder a Romero y deslizó que no se referiría a quien buscaba “ser candidato”, en alusión al ministro de Gobierno.
Las aguas se habían calmado hasta el miércoles, cuando, a través del abogado del Ministerio de Gobierno, se conoció que el coronel José Luis Araníbar había sido imputado el 6 de diciembre por incumplimiento de deberes y denegación de auxilio en el luctuoso caso.
Las fuentes del Gobierno hablan de una rencilla que se remontaría desde 2013, poco después de que Guerrero fuera designado fiscal general del Estado, en un bloqueo minero y que ocasionó la voladura de un puente a cargo de los mineros.
Las fuentes ubican a Guerrero como una persona cercana al presidente Evo Morales. Tanto Guerrero como Romero fueron constituyentes del MAS

El Deber / Marco Chuquimia
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