Juez decide que Evo y Vice no declaren en caso terrorismo

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Cruz, que juzga el caso terrorismo, resolvió ayer separar al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera de la lista de siete autoridades de Gobierno presentada como testigos por la defensa de Alcides Mendoza, uno de los procesados por alzamiento armado. Las otras cinco autoridades de Gobierno prestarán su declaración por escrito.

El Tribunal validó los argumentos del Ministerio Público con relación a las preguntas que la defensa del procesado Alcides Mendoza había elaborado para las dos principales autoridades del país, interrogativas que fueron consideradas como impertinentes porque no tienen relación con los supuestos hechos de terrorismo y que, además, buscan generar impacto mediático.

Sin embargo el Tribunal, presidido por Sixto Fernández, aceptó la testificación de los ministros de Gobierno, René Martínez, y de Minería, César Navarro, además del embajador de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti; la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, y la diputada Bethy Yañíquez, quienes deberán declarar en calidad de testigos por escrito, en su oficina o domicilio, y enviar sus respuestas hasta el próximo 5 de abril.

Al respecto, el abogado de la defensa, Gary Prado Arauz, dijo que la determinación de separar a Morales y García “es un intento de ser salomónico”, algo que no se apega a las leyes que establecen que el Presidente y el Vicepresidente pueden ser llamadas como testigos. Además, ellos fueron los primeros en referirse al caso el mismo 16 de abril de 2009, Morales desde Cumaná, Venezuela, y García desde el Palacio de Gobierno, en La Paz.

“De todos modos, vamos a insistir. Hay un recurso planteado y es probable que nos vamos al amparo constitucional”, agregó Prado, a tiempo de indicar que las preguntas dirigidas a estas cinco autoridades son pocas, mientras que para Morales y García eran al menos 40.

El abogado agregó que no hay ningún misterio en las preguntas dirigidas a las dos principales autoridades de Gobierno, pero ni el Ministerio Público mni el de Gobierno (partes acusadoras) quieren que la verdad sea conocida y pretenden “mantener el manto de impunidad y oscuridad sobre los hechos del 16 de abril”, añadió.

El fiscal Marco Antonio Rodríguez consideró acertada la resolución porque las preguntas dirigidas a Morales y García son impertinentes, según dijo.

Los Tiempos