Alcalde de Quillacollo denuncia persecución y advierte con iniciar una huelga de hambre

Tras haberse determinado su detención domiciliaria,  el alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida, indicó que existe un proceso de persecución en su contra y advirtió que podría iniciar una huelga de hambre la próxima semana. 

“Si tengo que ir a la huelga de hambre y usted me saca muerto del municipio (…) lo voy a hacer, no les tengo miedo”, manifestó Mérida.

Una audiencia de medidas cautelares determinó ayer la detención domiciliaria para el alcalde de Quillacollo, además de una fianza de 80 mil bolivianos, tras iniciarse el proceso por una denuncia presentada por cinco exfuncionarios despedidos en 2015.

El Alcalde aseveró que no cometió actos de corrupción.  “La persecución es tal que ahora quieren  perseguir a mi esposa, a mi familia, quieren encarcelarnos”, añadió Mérida.

La autoridad municipal vertió estas declaraciones durante la celebración del Año Nuevo Andino Amazónico que se realizó en Cotapachi, ocasión en la que el funcionario se encontraba con un escolta policial.

Mérida indicó que tiene 14 procesos en su contra. “Seguramente me van a seguir inventando más, el plan del Movimiento Al Socialismo es iniciar uno tras otro”, expresó.

La audiencia de medidas cautelares se instaló ante la demanda interpuesta por el presidente del Concejo Municipal, Víctor Osinaga, y del concejal Antonio Montaño (ambos del MAS), que viabilizaron la denuncia de los trabajadores, por los delitos de incumplimiento de deberes y daño económico al Estado.

“Al Concejo lo que le interesa es que siga con el proceso de investigación y esclarecimiento, porque la justicia tiene que hacer su trabajo”, manifestó hoy Osinaga. El presidente del Concejo Municipal indicó que se constituyeron en parte querellante porque consideran que existen indicios para presumir que se cometieron estos delitos.

Por su parte el asesor legal del Alcalde, Ronald Orozco, protestó ayer indicando que se trataba de una detención ilegal. Según Orozco, el conflicto comenzó cuando los cinco funcionarios despedidos interpusieron un amparo constitucional, que obligaba al municipio a devolverles sus puestos, argumentando que se trataba de despidos ilegales, además de que entre los despedidos figuraba una embarazada y otra con un bebé en período de lactancia.

Sin embargo, al momento de la reposición, los puestos ya estaban ocupados por otras personas. Según el asesor legal, previendo denuncias por daño económico, el Alcalde pagó “de su bolsillo” algo más de 60 mil bolivianos por concepto de AFP, salarios devengados y Caja Nacional de Salud de los funcionarios que ocuparon temporalmente los cargos en relevo de los despedidos.

Los Tiempos