Caso taladros: abogado de Achá cuestiona por qué jefa de contrataciones de YPFB no fue detenida
Héctor Castellón dijo que el
expresidente de YPFB, Guillermo Achá debió ser premiado en lugar de ser
sancionado, por haber evitado que se erogue un solo centavo a la empresa
italiana Drillmec por la compra de los taladros.
El abogado Héctor Castellón,
defensa del expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB), Guillermo Achá, cuestionó el por qué la suspendida gerente de
Contrataciones, Paola Andrea Oporto no fue detenida hasta la fecha, cuando fue
ella quien firmó y dio el visto bueno al proceso de licitación para la compra
irregular de los tres taladros a la empresa italiana Drillmec.
“Resulta extraña la
discrecionalidad con la que el Ministerio Público decide ejecutar las
aprehensiones, y decide que el presidente de YPFB tendría responsabilidad, pero
más no la autoridad responsable de la contratación, que es la directamente responsable,
y no solo es Oporto, también otros funcionarios”, dijo el jurista tras la
aprehensión de sus defendido.
En criterio del abogado
Castellón, el expresidente de YPFB debió ser premiado en lugar de ser
sancionado, porque a fin de evitar cualquier daño al Estado decidió rescindir
el contrato con Drillmec. “El Estado no ha gastado ni cinco centavos gracias a
la intervención oportuna y responsable del señor Achá”, señaló.
El jurista insistió que su
defendido no firmó un solo documento del proceso de contratación para la compra
de los tres taladros, y que luego de hacer un análisis jurídico y técnico del
informe de la Unidad de Transparencia de YPFB que daba cuenta de hechos
irregulares, decidió disolver dicho contrato.
“El señor Achá no puede
revisar ningún proceso de contratación, él está a cargo de la ejecución, por
eso hay delegación de funciones, hay un responsable del proceso de
contrataciones (RPC), hay una unidad solicitante (…). En cualquier licitación
las comisiones encargadas de calificación y licitación son independientes
porque el presidente no puede ser juez y parte”, aseveró.
A tiempo de calificar de
absurda e incoherente la aprehensión de Guillermo Achá, el abogado dijo que su
defendido en ningún momento trató de huir del país ni obstaculizar la
investigación, y clara muestra de ello es que al día siguiente de haber sido
notificado en calidad de investigado por el Ministerio Público en el aeropuerto
de El Alto, se presentó de manera voluntaria.
“Sin embargo resulta que
para la Fiscalía el señor Achá puede huir del país sólo por el hecho de haber
sido presidente de YPFB, y como existen personas que han fugaron hay ese riesgo procesal, pero no hay un
fundamento de una actitud expresa del señor Achá”, manifestó.
Anunció que ante la
autoridad jurisdiccional se planteará la revisión de la resolución de
aprehensión emitida en contra de su defendido, quien de manera contradictoria
fue imputado por los delitos de uso de influencias, incumplimiento de deberes,
conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado.
Ante las sindicaciones por
parte de los otros co-imputados por el caso de taladros de que Achá fue quien
hubiera dado “poderes amplios” a la ex Gerente de YPFB Andina, Lola Tellería
para participar del proceso de contratación de Drillmec sin ser parte del
Comité de Licitación, el abogado dijo que no solo esta exfuncionaria, sino
también otros gerentes participan asesorando.
“Existen varios temas y
varios gerentes que obedecen a diferentes filiales que han realizado
cooperación en temas informáticos, ambientales, son consultas, no es que se dio
un poder especial para que la abogada Tellería participe en el proceso, sino en
la realización de opiniones legales, pero el Ministerio Público está tergiversando”,
aseguró.
A la fecha existen siete
funcionarios de YPFB en calidad de detenidos, sindicados de incumplimiento de
deberes y uso indebido de influencias, entre los que se encuentran dos
ingenieros petroleros, tres asesores legales, la ex Gerente Legal Corporativa,
Cynthia Novillo y la exGerente Legal de YPFB Andina, Lola Tellería.
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