Santa Cruz. Denuncian estafa masiva a través de la moneda virtual
Denuncian
estafa masiva a través de la moneda virtual
Dos brasileños persuadían a la gente para invertir en
bitcóin. En un hecho similar, el dueño de la firma Mundo Futuro y su empleado
fueron encarcelados
Deysi R. necesitaba más dinero. El monto que ganaba su
esposo Jacinto como taxista era insuficiente para pagar lo que demandaba la
crianza de sus tres hijos. Ese tiempo hizo amistad con Elsa, presunta dueña de
una empresa de agua Sifonada, quien le ofreció que en cuatro meses -y sin hacer
mucho- iba a duplicar sus ingresos con un nuevo sistema de negocio de
inversiones en diamantes a través de una moneda digital (bitcóin). Le aseguró
que el negocio tenía el respaldo de una firma identificada como Xbitweb. Elsa
le prestó $us 100 para el ingreso al
negocio y Deysi aceptó.
A los cuatro meses, Jacinto invirtió otros $us 3.000.
Ambos inscribieron a más personas, convocaron a muchos a una reunión elegante
en un hotel y en pocos meses alcanzaron al menos 200 inscritos, que erogaron
capital por unos $us 77.000.
Pero justo cuando el negocio empezaba a crecer, la ASFI
emitió un comunicado que prohibía el uso de monedas virtuales en el país. La
gente dejó de invertir y buscaron a Elsa y a Jacinto para pedirles la
devolución de dinero. Ellos reclamaron al brasileño Sandro S., presunto líder
de expansión en Bolivia, con domicilio en el Plan Tres Mil, pero ante la
insistencia, este último, según constató EL DEBER, cambió de domicilio y de
número de teléfono.
Ayer, Nelson Alberty, abogado de al menos una decena de
afectados, presentó una denuncia en la Fiscalía del Plan Tres Mil en contra de
Sandro y de Danilo, otro supuesto líder de la firma en Brasil por el delito de
estafa agravada.
Caen dos de Mundo Futuro
En otro caso, ayer el juez Jaime Rodríguez envió a la
cárcel de Palmasola a Gabriel Ibáñez Suárez, propietario de la empresa de venta
de terreno Mundo Futuro, y a Alain Adán Álvarez, su funcionario por el presunto
delito de estafa agravada.
Según Rosa Ribera, fiscal asignada al caso, Ibáñez
compraba vehículos en la playa de autos, pagaba una cuota y adeudaba el resto. La afectación de ambos supera los $us 120.000.
El Deber / Gary Rojas Jordán
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