Naciones Unidas pide a Bolivia mayor atención a las mujeres encarceladas
En el país, el 70% de las mujeres privadas de libertad
está a la espera de un juicio y no cuenta con sentencia judicial. El organismo
alerta que las internas sufren violencia institucional, psicológica y
simbólica.
Hasta junio de este año al menos 1.300 mujeres estaban
privadas de libertad, constituyendo el 7,9% del total de reclusos del país,
según Régimen Penitenciario. Esta cifra es mayor al promedio latinoamericano,
lo que significa que en Bolivia hay más mujeres en cárceles que en otros países
de la región. Por ello, Naciones Unidas exhortó al Estado a poner mayor
atención a este grupo poblacional.
“El Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia insta al
Estado Plurinacional de Bolivia a implementar políticas con enfoque de género
en beneficio de las personas privadas de libertad, que consideren las
necesidades, requerimientos y circunstancias específicas de las mujeres
privadas de libertad, garantizando de esta manera el cumplimiento de sus
derechos humanos y de las Reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de las
reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes
(Reglas de Bangkok)”, señala un comunicado del organismo internacional.
Naciones Unidas recomendó introducir un sistema más
balanceado de penas que tome en cuenta la gravedad del delito en línea con el
principio de proporcionalidad; promover medidas sustitutivas a la detención
preventiva mediante una apreciación objetiva de los riesgos procesales;
promover que los operadores judiciales hagan uso de su poder de
discrecionalidad para mitigar las medidas privativas de libertad en función a
criterios de género; así como mejorar las condiciones de vida de las mujeres
privadas de libertad y fortalecer los programas dirigidos a esta población.
El pedido surge en el marco de la campaña “ÚNETE para
poner fin a la violencia contra las mujeres”, promovido por el organismo, el
cual alerta que las internas sufren diversas formas de maltrato, incluyendo la
violencia institucional, psicológica y simbólica.
Agrega que en muchos casos, el arraigo de las mujeres
procesadas podría ser demostrado recurriendo a otros criterios más coherentes
con la realidad social del país. “El uso desproporcionado e injustificado de la
detención preventiva constituye una violencia institucional, que tiene
consecuencias dramáticas para las mujeres de bajos ingresos y para su entorno
familiar”.
En el país, las mujeres están privadas de libertad
principalmente por delitos menores, no violentos y de baja relevancia social,
como microtráfico de drogas, robos y hurtos. La mayoría de ellas no representan
un peligro significativo para la sociedad y podrían cumplir su sentencia en
libertad.
“En muchos países, ellas no gozan de un acceso a la
Justicia en igualdad de condiciones con los varones, debido principalmente a
barreras culturales, de idioma y de recursos. Las necesidades específicas de
las mujeres no son adecuadamente atendidas en muchas cárceles del mundo, sea en
materia de asistencia jurídica, apoyo psicológico, salud mental, salud sexual,
educación y trabajo”, indica el comunicado.
No obstante, el organismo destaca algunas respuestas por
parte del Gobierno. Entre ellas que de 2012 a 2015, un total de 1.288 mujeres
se beneficiaron de cuatro leyes de indulto. También menciona a la Cumbre
Nacional de Justicia Plural, realizada en junio de 2016, en la que se señaló la
necesidad de humanizar las condiciones de vida en los centros penitenciarios y
de adoptar medidas para proteger los derechos de las personas en situación de
vulnerabilidad al interior de los recintos, en particular de féminas.
La Razón Digital / Guiomara Calle
Naciones Unidas pide a Bolivia mayor atención a las mujeres encarceladas
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