La oposición va ante el TCP para frenar la ley del Tipnis
Un grupo de asambleístas de oposición presentó un recurso
de inconstitucionalidad. Los indígenas preparan otro. De ser aceptada, la ley
promulgada el domingo quedará en suspenso
En 10 días hábiles, la intangibilidad del Territorio
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure puede ser repuesta por el Tribunal
Constitucional Plurinacional. Cuatro diputados de oposición Jimena Costa,
Fernanda San Martín, Wendy Nina y Norman Lazarte presentaron un recurso de
inconstitucionalidad a la ley que levanta la intangibilidad del Tipnis y abroga
la Ley 180, que, en su artículo tercero, prohibía la construcción de cualquier
carretera a través del territorio indígena.
El último domingo, en un coliseo de Trinidad, el
presidente Evo Morales promulgó dicha ley que permite que el tramo II del
proyecto original de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos sea
construido. Ahora, según el diputado Lazarte, el objetivo del recurso de
inconstitucionalidad presentado ayer tiene por objetivo devolverle la
intangibilidad al área protegida.
Explicó que las objeciones están dirigidas al artículo 9
de la ley y a las disposiciones abrogatorias y transitorias que dejan sin
efecto la Ley 180. La argumentación de la demanda de inconstitucionalidad está
basada en tratados internacionales firmados por Bolivia, la propia Constitución
y la Declaración de Derechos Humanos.
El TCP tendrá 10 días hábiles para definir si acepta o
rechaza el recurso y si lo hace, deberá definir si acepta la petición de
medidas precautorias solicitadas por los demandantes. De esa forma, el Gobierno
nacional debería dejar sin efecto todos los trabajos que se realizan dentro del
Tipnis, como los tres puentes que actualmente se construyen en la zona
colonizada de la reserva.
Esta medida estaría en vigencia mientras el Tribunal
resuelve el fondo de la demanda y define si la Ley 969 es constitucional. “No
hay motivo alguno para que el recurso sea rechazado. Se está hablando del
futuro de los bolivianos, del aire que van a respirar nuestros hijos y nietos”,
dijo Lazarte.
Según explicó el legislador, el artículo 9 de la nueva
ley va en contraruta de los artículos 342 y 385 de la Constitución Política del
Estado, referidos al medioambiente y a las áreas protegidas, respectivamente.
Este no será el único recurso que llegará al tribunal.
Los indígenas preparan una acción popular ante el TCP, que es una forma
colectiva de amparo constitucional. Si este recurso no es aceptado por el TCP,
llevarán su lucha a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para buscar la
protección internacional. Esta medida fue definida el domingo, en una reunión
en la plaza de Trinidad.
La semana pasada, el ministro de Justicia, Héctor Arce,
aseguró que la ley promulgada por el presidente es constitucional y permite
“los objetivos del Estado, que es lograr el desarrollo, la vida y los elementos
básicos para la subsistencia de los seres humanos".
Pese a ello, según el recurso presentado ayer, la
oposición considera que vulnera los artículos 3, 6 y 8 del Convenio sobre la
Diversidad Biológica, además de la Convención sobre la Conservación de las
Especies Migratorias de Animales Silvestres y Disposición Abrogatoria y
Derogatoria Primera por ser contrarias a los artículos 1 y 8 del Convenio sobre
la Diversidad Biológica.
Ayer, la Conferencia Episcopal Boliviana, máxima
instancia de la Iglesia en Bolivia, ofreció abrir un canal de diálogo con el
Gobierno. “Nosotros hemos pedido tener un canal de acercamiento, probablemente
no se podrá directamente con el señor presidente. Él tiene muchas cosas que
hacer. Pero quisiéramos tener un canal de diálogo, no de dos entidades que se
enfrentan, sino para dialogar, buscar y cultivar el bien común”, dijo el
secretario ejecutivo de la CEB, monseñor
Aurelio Pesoa.
Según reporta la agencia ANF, los religiosos aseguraron ayer que la norma
que permite construir una carretera a través de la reserva dará lugar a la
colonización.
En el pronunciamiento que emitieron señalaron que la
construcción de una carretera por el medio del área protegida responde a
intereses externos y no así a las necesidades de las comunidades originarias.
Pese a las críticas, Pesoa considera que las relaciones
entre Gobierno e Iglesia no están rotas, sino distanciadas.
Admiten que la gobernación de beni paga reunión indígena
dentro del parque
Pedro Vare, de la Central de Pueblos Indígenas de Beni
(CPIB), admitió que es la Gobernación de Beni la que financiará el encuentro de
corregidores programado para el 25, 26 y 27 de agosto, donde se espera que se
defina la dirigencia del Tipnis.
Circula en redes sociales una carta firmada por Domingo
Nogales, quien fue presidente de la subcentral Tipnis desconocido por sus
bases, donde se solicita a la Gobernación de Beni “colaboración para el
encuentro de corregidores"; en la misma se adjunta un presupuesto de Bs
122.115 para destinarlos a gastos como alimentación, material de escritorio,
entre otros.
El encuentro no solo será de autoridades del Tipnis, sino
que pretende ser una Gran Asamblea de los Pueblos Indígenas, que se convoca
solo para renovar la directiva de la Cidob.
El Deber
/
Pablo Ortiz
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