Colonos queman casas de indígenas para copar tierras
Cerca de unos 800 personas afiliadas a la Federación
Única de Trabajadores Campesinos de La Paz y a los Interculturales, avasallaron
ayer tierras de los indígenas tacanas y procedieron a la quema de al menos seis
casas con el fin de apoderarse de tierras forestales, sin considerar que por
efecto de un decreto supremo, nadie puede asentarse en las reservas de la
Provincia Iturralde al norte del departamento paceño.
De acuerdo a un informe al que accedió Erbol, ese grupo
de personas ingresó al sector de Tarene Chico, cerca de la comunidad Tahua,
donde existe un área forestal denominado exProinsa, una concesión forestal
abandona hace muchos años.
Un funcionario municipal de Ixiamas explicó que el
objetivo de no solamente de colonos, sino también mineros, es copar el área
para la explotación de reservas forestales, tala de madera almendrillo, muy
cotizada en el mercado y luego abandonar
el lugar, sin tener autorización del INRA y menos de la Autoridad de Bosques y
Tierras (ABT).
El avasallamiento motivó que este martes se reúna el
Consejo Indígena del Pueblo Tacana para hacer una representación ante el
municipio de Ixiamas para elevar denuncia formal ante la ABT y el INRA,
considerando la prohibición expresa de asentamientos humanos en ese lugar.
Aclaró que el INRA ni la ABT puede conceder terrenos ni
permisos porque por efecto del decreto supremo 23022, la provincia está
inmovilizada, por tanto, nadie que no sea indígena, puede tener terrenos.
Estiman que el
área pretendida por los colonos, mineros e interculturales es de aproximadamente
8.000 hectáreas y por ese motivo los tacanas y las autoridades municipales
iniciaron acciones ante la ABT para poner a buen recaudo la reserva forestal.
El artículo 5° del Decreto Supremo Nº 23022, 23 de
diciembre de 1991, promulgado por el
expresidente, Jaime Paz Zamora, prohibía toda otorgación o concesión de tierras
con fines agropecuarios o colonización, en las áreas clasificadas por el
presente decreto supremo.
Sin embargo el Decreto Supremo Nº 25675, 11 de febrero de
2000 del presidente Hugo Banzer, levantó la prohibición dispuesta por el
artículo 5 y adicionalmente señala que "las tierras comprendidas al
interior de los polígonos 2 y 5, con una superficie total de 18.417, 0000 Has.,
serán objeto de distribución a través de programas de asentamientos humanos.
Los titulares de las posesiones identificadas en el interior del polígono 4,
con una superficie total de 14.451, 0000 Has., podrán adquirir su derecho de
propiedad bajo las modalidades de distribución previstas para el proceso de
saneamiento que el Instituto Nacional de Reforma Agraria ejecuta".
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