Víctimas al finalizar el juicio contra Goni: “Hicimos lo que pudimos”

La defensa de las víctimas y del expresidente expusieron ante el jurado un resumen de las pruebas acumuladas en el juicio civil.

El juicio civil al expresidente  Gonzalo Sánchez de Lozada y a su ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín llega a su etapa final y las víctimas esperan que se haga justicia.

 “Durante 15 años hemos caminado para que se haga justicia. Nos alimentamos año tras año con la esperanza de que tanto dolor y tanta muerte no hayan sido en vano”, según una nota enviada por la Asociación de Familiares de los Caídos por la Defensa del Gas  (Asofac-DG) y el Comité Impulsor del Juicio.

Ayer por la mañana y parte de la tarde los abogados Joseph Sorkin de la demanda y Anna Reyes de la defensa expusieron ante el jurado un resumen de evidencias, pruebas, documentos que se acumularon en estas últimas cuatro semanas. Ahora, lo que corresponde es esperar que los jurados deliberen y en unos días más dará su veredicto.

Al tratarse de un juicio civil, y si el caso sale a favor de las víctimas, los acusados no recibirán una sanción de carácter penal sino tendrán que responder con una indemnización económica a favor de los familiares, establecida por el juez.

“Sin importar el resultado del juicio en Miami, hemos hecho todo lo que pudimos conociendo los riesgos de trabajar en un escenario ajeno: sujetos a un sistema judicial que desconocíamos y confiando en la capacidad de nuestros abogados. No obstante, seguimos adelante, conscientes de que teníamos que hacer algo para impedir que los dos principales responsables de las masacres queden impunes”, agrega la nota.

En la audiencia, primero  tomó la palabra Sorkin. Según testigos del juicio, el abogado dijo que de acuerdo con  todos los testimonios, Sánchez Berzaín rompió toda posibilidad de diálogo en septiembre de 2003 en Sorata.  También dijo –siempre basado en testimonios recogidos en las audiencias– que el Gobierno tenía dos posiciones confrontadas internamente. Un camino político de negociación y otro de fuerza, ejerciendo el uso de la violencia. Basó sus conclusiones en el testimonio de José Luis Harb, quien fue viceministro de Gobierno.

La argumentación de la parte demandante tomó más de una hora y media. Sorkin dijo que las FFAA no improvisan y  que los militares tenían órdenes de disparar.   Mencionó, además, cada uno de los casos de las ocho víctimas y recordó que al menos dos testigos convocados por la demanda confirmaron que hubo orden de disparar. Específicamente en la zona Sur de La Paz la instrucción fue ejecutar la orden “a todo lo que se moviera” y que por tanto no hubo proporcionalidad en la repuesta militar, dijo.

“No estamos sugiriendo meter gente a la cárcel.  Estamos pidiendo la determinación de la responsabilidad por las muertes extrajudiciales que han sucedido en Bolivia durante el gobierno de Sánchez de Lozada”, dijo.

Anna Reyes, abogada de Goni,  hizo una exposición de más de dos horas apoyada por un vídeo. Su exposición se fundamentó en que no hay evidencia alguna que vincule a Sánchez de Lozada ni a Sánchez Berzaín con una instructiva de matar civiles o que confirme una orden de matar extrajudicialmente; las movilizaciones de febrero, septiembre y octubre del 2003 no eran pacíficas sino violentas; el Plan República es un documento de tres páginas que no establece en ningún caso orden para matar civiles; que algunos de los testigos claves convocados por la acusación mintieron y, finalmente, que el caso se basó en especulaciones tomadas como verdaderas.

El 17 de octubre de 2003, los vecinos de El Alto se rebelaron y el Gobierno sacó tanquetas militares a las calles.  Los familiares de ocho víctimas llevaron a un juicio civil en los tribunales de Florida al expresidente y al que fue su ministro de Defensa.

Página Siete