Según expertos, el Gobierno paga factura de sus errores

El conflicto, entre el Gobierno y los cooperativistas  mineros, al extremo de caer en el intercambio de policías rehenes, según los expertos en el tema, refleja el pago de un compromiso político  fomentado en tiempo de bonanza, por la administración de Evo Morales, a favor de un sector privilegiado que solo tributa el 1% al país, en desmedro de la propia seguridad y fortaleza del Estado.

"La base de todo está en ese privilegio de los cooperativistas. El Gobierno a lo largo de todos estos años se ha esmerado en criar cuervos y ahora, como dice el refrán, te sacarán los ojos. Eso es lo que ahora está pasando", describe Rafael Puente, analista político.

En el análisis de fondo. Por su parte el politólogo, Carlos Cordero Carrafa, señala que el conflicto de los cooperativistas está mostrando un gobierno de salida a partir del referéndum del 21 de febrero en perspectiva al 2019, dejando señales al país que estos sectores tienen fuerza y pueden defender todos sus privilegios y prebendas recibidos del gobierno de Morales, en los periodos de bonanza.

"El gobierno del presidente Morales ha estimulado, beneficiado y entregado muchos privilegios del Estado, ahora están defendiendo por un lado y por el otro están mostrando cuán fuerte políticamente pueden resultar siendo. Esa revelación también deja señales a los posteriores gobiernos, de quiénes son ellos", describió Cordero.

En cambio, para Carlos Guzmán, analista político, el conflicto de los cooperativistas es una acumulación de hechos que el Gobierno en su momento ha engendrado también en diversos sectores, que hoy por la caída de los ingresos, al Gobierno le está resultando difícil controlar y sentar autoridad.

"Se le escapa de las manos el conflicto, dado que el Gobierno en estos años no ha podido cohesionar a todo el sistema minero, tanto que con la nueva ley minera solo se fue gestando privilegios a un sector y a otros no. En ese contexto, se viene una situación de incertidumbre para el país", señaló Guzmán.

Según Puente, el hecho de que en este Gobierno tengan tanta presencia los cooperativistas, se debe al momento histórico cuando el 2005 a dinamitazos, tras la renuncia de Carlos Mesa, se evita la posesión como presidente de la república al presidente del Senado de entonces, Hormando Vaca Díez. "Evo entiende que era un sector con el que vale la pena contar, a tal extremo que su ministro de Minería era un cooperativista. Luego de los enfrentamientos de Huanuni con muertes, el presidente trata de moderar, pero no deja de darles más privilegios como la Ley Minera", señaló.

En criterio de Marcelo Varnoux, politólogo, a partir del 21 de febrero donde el NO gana en el referéndum para la reelección de Evo Morales, el país ingresa a un periodo de conflictividad social difícil para el Gobierno de cumplir. "Los cooperativistas tienen el mismo status de los cocaleros y contrabandistas, cuyos sectores fueron fomentados como su base electoral más leal, a los que el Gobierno les otorga beneficios, prevendas y privilegios. Hoy con la desaceleración económica, los compromisos son difíciles de cumplir", reflexionó.  

El conflicto en sí. Mientras el diálogo entre el Gobierno y los cooperativistas mineros, instaurado la noche del pasado viernes, quedó en un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, ayer 10 de los cooperativistas detenidos en los enfrentamientos de Mantecani (La Paz) fueron enviados con detención preventiva a la cárcel de San Pedro de La Paz.

"El Ministerio Público ha colectado todos los indicios que evidencian la comisión de los delitos, por lo que la autoridad jurisdiccional determinó la detención preventiva de los imputados, en el marco de la solicitud expresada por la comisión de fiscales", informó el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, citado en un boletín institucional.

Detalles

Los 10 detenidos fueron acusados por cinco delitos a ser investigados

Lista.  Los cooperativistas mineros remitidos a San Pedro son: Jorge V., Jhonny A., Hernán C., Néstor P., Jacinto M., Vladimir A., Alberto A., Roberto O., Ramiro G. y Román Ch.

Delitos. Fueron imputados al menos por cinco los delitos de tenencia, porte o portación ilícita de armas; atentados contra bienes públicos, atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, lesiones graves y leves, además de atentados contra la seguridad de los servicios públicos.

Clamor. Los dirigentes cooperativistas exigen su inmediata libertad.

El Dia