Fiscalía acusa formalmente a Rubén Costas de 3 delitos

11 de Octubre de 2016

Gobernador cruceño Rubén Costas. Foto / archivo digital / Erbol

La Fiscalía de Santa Cruz informó que se presentó la acusación formal ante el Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal Cautelar, en contra de Costas, Roly Aguilera Gasser y José Luis Parada Rivera, por la comisión de los delitos de Malversación, Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica.

Asimismo, se acusa a Miriam Cecilia Limpias Torres y Fernando Soria Galvarro Bort por los delitos de Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica y Falsedad Ideológica.

“La acusación está firmada por la comisión de fiscales encabezada por Osvaldo Dante Tejerina Ríos, Yván Ortiz Tristán e Iván Quintanilla Calvimontes de la Fiscalía Departamental en el marco de la investigación del caso 40 camionetas”, explicó el Fiscal Departamental Gomer Padilla Jaro.

Ante esta situación, el secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, dijo que todo se trata de una intención de dañar a la imagen de la autoridad cruceña para inhabilitarlo en las elecciones Presidenciales de 2020.

Según Peña, tanto Costas como los demás imputados no tenían conocimiento de la acusación porque no fueron notificados, por lo que ratificó que se trata de un proceso político.

Aseguró que el proceso de compra de las 40 camionetas es legal y que incluye la firma del Gobierno nacional, por lo que criticó que ningún personero del Estado hubiera sido notificado.

Además, indicó que Costas no evadirá la justicia saliendo del país y que se presentará a todos los tribunales.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, en la gestión 2006, se aprobó el POA para la gestión 2007 en la que se programó la compra de 2 camionetas, 1 vagoneta y 20 motos, con la partida presupuestaria Nº 43300, bajo el financiamiento de recursos provenientes del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH).

Sin embargo, Costas dejó sin efecto lo programado en 2007 y procedió con la compra de 40 camionetas doble cabina, por 6.030.320 bolivianos con la partida que estaba destinada para el Programa de Seguridad Ciudadana de la entonces Prefectura del Departamento.

“En la investigación, también se pudo establecer que no se contempló la compra de vehículos que tenían como finalidad atender emergencias y desastres en la ciudad, ya que no podían ejecutar esos recursos que no estaban contemplados en su presupuesto y en su POA, vulnerando el uso correcto de los recursos estatales”, manifestó a su turno el fiscal Osvaldo Tejerina.

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