Oposición coincide: Ley de la Coca favorece al narcotráfico

La oposición política aún no encuentra una explicación sobre el apuro del presidente Evo Morales de aprobar la Ley General de la Coca, que – según dijeron los asambleístas opositores Yerko Núñez y Norma Piérola – “legaliza” y “beneficia” al narcotráfico en el país.

Núñez de la bancada de Unidad Demócrata sostuvo que la imagen del país corre riesgo a nivel internacional porque con esta ley “se estaría legalizando el narcotráfico” sin que exista un estudio serio sobre la necesidad de incrementar los cultivos de coca.

Dijo que al menos eso se puede concluir tras la decisión de incrementar en medio de presiones, de 20 a 22.000 hectáreas que fueron divididas entre productores de coca de los Yungas de La Paz y del Chapare de Cochabamba, sabiendo “gran parte de esta hoja (del Chapare) se va a fines ilícitos.

Horas antes que el Senado sancionara la Ley de la Coca, la diputada Piérola  manifestó que en ningún momento el ministro de Desarrollo Rural, Cesar Cocarico, pudo justificar ante la Cámara de Diputados el apuro de aprobar en tiempo record la ley.

Manifestó que lo preocupante es que por ley se declara “prioridad nacional, la legalización de la coca que va beneficiar al narcotráfico, despenalizando la producción, comercialización y transporte de la coca”, vulnerando convenios internacionales, entre ellos del acuerdo de la JIFE.

Anunció que una vez que el presidente Evo Morales promulgue la Ley, realizará gestiones para pedir sanciones de la comunidad internacional a Bolivia y exigir se anule esta normativa que pone  a Bolivia como país productor oficial de 22.000 hectáreas de coca en La Paz y Cochabamba. 

Según estimaciones, esa superficie producirá 20.000 toneladas de coca en el Chapare y 18.000 toneladas en Yungas de La Paz.

De acuerdo con  UNODC al 2015,  el 35% de la hoja de coca (32.500 toneladas métricas) no se comercializaba por mercados legales, es decir que 11.300 toneladas métricas de la hoja que no van a los mercados autorizados de “Villa Fátima” en La Paz y de “Sacaba” en Cochabamba, por los que pasaron sólo 21.201 toneladas.

En agosto de 2014 el viceministro Felipe Cáceres, admitió que el 40% de la coca que se produce en el país es desviada a la producción de cocaína, en referencia al grueso de la producción del Chapare, ahora en vías de legalización.

Cocaleros de Yungas y especialistas de Naciones Unidas remarcaron la alta productividad de la coca del lluvioso Chapare cochabambino ‒2.7 toneladas por hectárea a 280 metros sobre el nivel del mar y con hasta cuatro cosechas al año‒ que redituará a partir de sus 7.700 hectáreas unas 20.800 toneladas de coca, en su mayor parte desviada a las factorías de droga en la selva e incluso en la periferia de las ciudades.

En los Yungas, la productividad de 1.3 toneladas de coca por hectárea permitirá la producción de un máximo de 18,600 toneladas métricas destinadas al mercado legal del acullico, virtud que no tiene la del Chapare, considerada amarga e inservible ni siquiera para la infusión.

El ministro Cocarico aclaró que las 20.000 hectáreas del proyecto inicial están absolutamente justificadas porque se necesitan 18 mil toneladas para el acullico y 2 mil era para la industrialización

Sin embargo dijo que por  un componente político se decidió subir a 22.000 hectáreas de cultivo, que producirán 4.000 toneladas de coca adicionales a las inicialmente 2.000 previstas, cuando el proyecto de ley original proponía una superficie de 20.000 hectareas. Esa cantidad de produción adiconal servirá para la investigación, industrialización y exportación.

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