Bolivianos sufren más con normativa en Chile

Cada día, un promedio de tres bolivianos son expulsados de suelo chileno por dictámenes judiciales o administrativos, siendo los connacionales los más afectados con relación a los de otras nacionalidades.

Entre 2015 y 2016, Chile dispuso la expulsión de 5.656 extranjeros, por orden judicial o administrativa. De ese total, un 32 por ciento fueron bolivianos, la mayoría vinculados con el tráfico de sustancias ilícitas.

Según el reporte del Diario “La Tercera”, las expulsiones administrativas son todas aquellas que surgen del incumplimiento de alguna de las normativas migratorias y son decretadas por el Ministerio del Interior para el caso de personas en situación de residencia.

El abandono forzado de índole judicial ocurre ante situaciones de delito. Una de cada dos personas que recibe ese castigo es por ingreso clandestino (52 por ciento), 33 por ciento lo padece por tráfico de drogas, mientras que sólo un 3 por ciento involucra a turistas que permanecieron en ese país más allá del periodo autorizado.

El 12 por ciento restante corresponde a otros casos, como robo (2.2%), homicidio (0.4%) y ser responsable de delitos comunes (1%). El 23 de agosto, el Gobierno chileno presentó en 64 páginas un proyecto de Ley de Migración, con el objetivo de actualizar la normativa vigente desde 1975.

Hasta la pasada gestión en el vecino país fueron expulsadas 3.447 hombres y 2.209 mujeres.

Según el Servicio Jesuita a Migrantes, “la actual ley entiende la migración como una amenaza desde el punto de vista de la seguridad interior del Estado y no como un proceso de inclusión y de goce efectivo de derechos y obligaciones en el país que acoge”.

Según las nacionalidades de los infractores, se da cuenta de la presencia de 28 países, aunque los números más significativos corresponden a Bolivia, República Dominicana (27%) y Colombia (22%).

La emisión de este dictamen de expulsión, sin embargo, en muchos casos no equivale a que la salida del país del sancionado se materialice. Hasta diciembre de 2016 se había concretado el 39.7%de las órdenes de expulsión decretadas.

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