Conoce quiénes son los magistrados del TCP que habilitaron a Evo Morales


Andrade, Bacarreza, Valencia,Camacho, Lahor y Flores, los seis magistrados que firmaron el acta que habilita a Evo Morales y otras autoridades a repostular a sus cargos sin límites

Juntos suman 57 denuncias en su contra, ninguno ganó la votación con más del 6% de los votos y dejan sus cargos a fin de año. Conoce más sobre los miembros del TCP
A pocas semanas de terminar sus mandatos, los magistrados Macario Lahor Cortez, Oswaldo Valencia, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Ruddy Flores y Neldy Andrade firmaron la resolución que habilita a Evo Morales y Álvaro García Linera, a postularse por cuarta vez consecutiva a los cargos de presidente y vicepresidente, respectivamente, desconociendo el resultado del 21 de febrero de 2016.
Los seis magistrados de Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) -que fueron elegidos en las elecciones judiciales de 2011 sin superar ninguno el 6% de los votos- suman 57 denuncias en su contra:  Mirtha Camacho (13), Ruddy Flores (7), Macario Lahor Cortez (11), Oswaldo Valencia (10), Zenón Bacarreza (9) y Neldy Andrade (7).
Conoce quiénes son los magistrados que firmaron el acta que da luz verde a la postulación indefinida de autoridades:
Mirtha Camacho
Fue elegida con el 5,95% de los votos. Es abogada Penalista de la Universidad Técnica de Oruro y egresada de la maestría en Derecho Constitucional y Administrativo.
En 2015 fue denunciada por el delito de incumplimiento de deberes y otros. Fue aprehendida tras negarse a declarar dentro de un juicio en su contra.
Es la que más denuncias acumula: 13. Entre ellas por los delitos de incumplimiento de deberes, beneficio  del cargo, ventaja económica e incumplimiento de una sentencia constitucional.
Macario Lahor Cortéz, presidente del TCP
Fue elegido magistrado con el 4.40% de los votos.
Es licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés, de La Paz, y tiene una maestría en Derecho Constitucional de la misma casa de estudios. Realizó una especialidad en Derecho Constitucional, Diplomado en Derecho Constitucional y Asamblea Constituyente, entre otros estudios.
Tiene once denuncias en su contra, entre ellas por el delito de prevaricato.
También fue acusado de estar vinculado a organizaciones afines al MAS. Desde el oficialismo, aseguraron que fue elegido por el voto del pueblo y que acreditó un certificado de no filiación o pertenencia política con ningún partido.
Ruddy Flores

Elegido con el 5,77% de los votos, es abogado y diplomático. Tiene maestrías en Derecho Constitucional y Procedimiento Constitucional y en Relaciones Internacionales y Diplomacia. Tiene 7 procesos en su contra.
Uno de los casos de mayor resonancia fue en 2015, cuando Flores conducía una vagoneta  por la carretera Sucre-Potosí y colisionó contra una motocicleta manejada por Marcial Trujillo (25), quien falleció de manera instantánea, según la Policía de Betanzos, citada por la radio Aclo.
El Ministerio Público le inició un proceso por la comisión del delito de lesiones graves, gravísimas en accidente de tránsito. No obstante, la jueza Mary Jacqueline Barrientos, en una audiencia cautelar, resolvió dejarlo en libertad.
Oswaldo Valencia
Ocupa el cargo con el 3,91% de los votos. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y Sociales  de la Universidad Superior del Oriente Boliviano. Tiene maestrías en Derecho Penal y Procesal, Constitucional y Procesal Constitucional.
Entre la decena de denuncias que enfrenta, está la supuesta comisión de los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Ley y falsedad ideológica.
En julio de este año, fue criticado por emitir un instructivo en el que prohibía algunas prendas de vestir para los funcionarios del TCP: jeans de cualquier color, pantalones estampados, botas largas, calzas, chamarras, chamarras de cuero, poleras, minifaldas, blusas transparentes y escotes, vestidos cortos y zapatillas.
Tras una ola de críticas en contra de su idea, dejó sin efecto la norma.
Durante su gestión como presidente del TCP, se declaró inconstitucional la figura del preaviso como mecanismo de despido y se eliminó el artículo 12 de la Ley General del Trabajo sobre esta figura legal.
Zenón Bacarreza
Fue elegido con el 2,45% de los votos. Es licenciado en Ciencias Políticas y Jurídicas y tiene una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Bacarreza tiene 9 procesos en su contra, entre ellos por corrupción y tráfico de influencias.
En 2016, gremiales de El Alto exigieron su destitución por presuntamente haber favorecido a su hermana como jueza de Sentencia y a su hermano como subalterno de un juzgado.
El magistrado dijo, al periódico chuquisaqueño Correo del Sur, que jamás influenció ante los jueces para favorecer a sus familiares. “Jamás ejercí presión o influencia sobre ninguna autoridad en beneficio particular o de familiares, descarto todo tipo de tráfico de influencias”, se excusó.
Neldy Virginia Andrade
Elegida con el 5,25% de los votos, es abogada titulada de la Universidad Autónoma Tomás Frías y tiene un post grado en Derecho Procesal y Oralidad. Tiene 7 procesos en su contra.
En 2012 estuvo envuelta en una polémica luego de que un medio digital hiciera conocer que la magistrada firmó resoluciones de sala mientras estaba ausente del país, aparentemente en representación del TCP, entre el 17 y 25 de julio de ese año.
Por otra parte, una disputa matrimonial en 2013 acabó con acusaciones  en contra de la magistrada. Andrade fue denunciada formalmente ante el Ministerio Público por su esposo, Ariel  Sanabria, de ejercicio ilegal del cargo, falsificación de documentos, declaración jurada falsa, tráfico de influencias y supuestos viajes de placer con dinero público.
Andrade calificó como falsas esas denuncias y manifestó que respondían a una motivación machista para que ella deje el cargo.
Efrén Choque, el séptimo magistrado del TCP, no firmó el acta de la sala constitucional.
El viaje a China
Hace dos años, en noviembre de 2015, cuatro magistrados (Ruddy Flores, Neldy Andrade, Efrén Choque y Mirtha Camacho), estuvieron envueltos en un polémica por haber viajado por un mes a China a un curso de Administración Pública, y dejar sin quórum al ente de control constitucional.
Entonces, el vicepresidente Álvaro García Linera calificó su viaje de "inmoral, indecente y abusivo".



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