Por DS, las contrataciones por montos menores a Bs 20.000
para el equipamiento del edificio de 29 pisos son directas y no figuran en el
Sicoes. Las únicas dos licitaciones públicas son para WiFi.
Un monto de
47.448.796 bolivianos fue presupuestado este año para el equipamiento
del nuevo palacio presidencial, según
datos del SIGMA y del Presupuesto General del Estado 2018, analizados
por el economista Julio Linares. Cuando falta una semana para la entrega
provisional de la infraestructura, el
Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) sólo registra dos licitaciones,
ambas referentes al WiFi, por 2.889.005
bolivianos.
Legisladores de oposición señalan que los costos de las
adquisiciones para equipamiento no se transparentan debido al Decreto Supremo 3494 que autoriza
la compra directa, sin publicación de
contratos, cuando éstos corresponden a montos menores a 20.000
bolivianos. Advierten que se trata de una inversión “millonaria sin
fiscalización”.
“En febrero han aprobado el decreto que autoriza al Ministerio de la Presidencia
para hacer las compras de forma directa.
Si pensamos en los 29 pisos, el
helipuerto, el penthouse del Presidente, el sauna, el gimnasio, las salas de conferencias y otros
calculamos una inversión millonaria sin
fiscalización”, dijo la diputada del PDC,
Norma Piérola.
Millonario
equipamiento
Los datos analizados por Linares establecen que este
2018 se incorporaron cuatro nuevos
ítems al presupuesto de la Casa Grande
del Pueblo, por un monto de 47.448.796 bolivianos. Todos corresponden a
equipamiento.
Para los equipos
de comunicación del nuevo Palacio de Gobierno se destina un presupuesto de
34.281.544 bolivianos; para los de
oficina y muebles, 3.747.654; para los
de computación, 1.058.680; y para
otros insumos y servicios, 8.360.918 bolivianos.
Hasta la fecha, se lanzaron dos licitaciones públicas por un total
de 2.889.005 bolivianos para
equipamiento de la Red de Datos y del Centro
de Datos. La primera establece un monto
de 1.095.165 bolivianos para la red de WiFi
y otros componentes y data del 19 de marzo con fecha límite de
licitación el 18 de abril. El segundo requerimiento fue lanzado el 7 de
septiembre de 2017 y en el Sicoes figura como “contratado”.
Compra
directa por norma
El Decreto Supremo al que hace referencia la legisladora
de oposición fue publicado el 28 de
febrero de 2018. Establece que con el fin de “precautelar la seguridad y
funcionamiento de la Casa Grande del Pueblo”
y en consideración de su rango de “prioridad nacional” es “necesario” autorizar
al Ministerio de la Presidencia la
contratación directa de bienes y servicios para el equipamiento y
acondicionamiento de los nuevos predios presidenciales durante la gestión 2018.
En su artículo tercero, establece que para el
procedimiento de las adquisición, dicha cartera deberá realizar un reglamento
mediante una resolución. Indica que sólo en el caso de las contrataciones
mayores a los 20.000 bolivianos se
solicitará al proveedor nacional el Certificado de Registro Único de
Proveedores del Estado (RUPE).
Según el DS, la información sobre la compra deberá ser
presentada a la Contraloría. El registro
en el Sicoes como el RUPE corresponderá sólo
cuando la compra de equipamiento sobrepase el monto de 20.000
bolivianos.
La norma añade que la asignación de recursos será
aprobada a través de una Resolución biministerial firmada entre los ministerios de la Presidencia y el de
Economía y Finanzas Públicas. La
disposición de asignación de los 47
millones para equipamiento no figura en la Gaceta Oficial, por lo que no se
sabe si el dinero ya está disponible para las compras.
“Nosotros hemos presentado una petición de informe escrito sobre los montos de inversión que hasta el
día de hoy el Ministerio de la Presidencia se niega a entregar”, manifestó
Piérola.
El diputado por Unidad Demócrata (UD) Amilcar Barral
consideró que con el DS 3494 se podrán cometer excesos. “Ya tenemos un
antecedente de las alfombras persas y muebles en el Ministerio de Economía”,
dijo.
Página Siete
solicitó reiteradamente a la unidad de comunicación del Ministerio de la Presidencia información
sobre la asignación de recursos, los montos y el avance en el equipamiento del
Palacio de Evo. Hasta la fecha no se obtuvo
respuesta.
El senador Yerko Núñez (UD) señaló que esta información
también ha sido solicitada por legisladores. “Aún no la tenemos, pero lo referente a los recursos del Estado tienen que ser públicos. El Gobierno no tendría por
qué ocultarlos”, sostuvo.
Entrega
provisional en abril
Datos técnicos del nuevo palacio, actualizados y
publicados hace dos semanas por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)
-instancia fiscalizadora de la obra-
señalan que el plazo para la entrega provisional de la infraestructura
por parte de la constructora Tauro es este abril. El equipamiento será posterior.
El diseño TESA del
proyecto fue elaborado por el FNDR, FPS y los ministerios de Planificación,
Obras Públicas, Economía y Culturas. Contempla el diseño arquitectónico,
estructural, instalación eléctrica, hidrosanitaria y cableado estructurado.
Sobre las
características del edificio de la plaza Murillo, el último informe del
FNDR ratifica que tendrá 29 plantas en
una superficie construida de 29.492 metros cuadrados.
Contará con áreas de
estacionamiento y servicios, parqueos, área social común, de actos y
exposición, auditorio, centro de datos, centro social/comedor,
administración/comedor, área de monitoreo,
gabinete y salas de trabajo, Casa Militar, oficinas gubernamentales, área
de trabajo presidencial, dependencias complementarias y helipuerto.
Según el último reporte, hasta el 9 de abril pasado, las obras tenían un avance del 95% de ejecución;
mientras que el avance financiero llegaba al 81%. El monto de inversión del proyecto
está estimado en 252,4 millones de bolivianos, que incluye supervisión.
El acápite Construcción del documento del FNDR detalla un presupuesto de 231,6 millones
de bolivianos en el contrato inicial,
cifra que subió a 241 millones de bolivianos en el contrato modificatorio. Aclara que no es un monto
definitivo. La supervisión a cargo de FPS, según contrato vigente, alcanza los
11,4 millones de bolivianos.
En diciembre el
periodista Andrés Gómez, en base a
planos a los que tuvo acceso, señaló que el piso 24 -donde estará la
vivienda presidencial- tendrá un sauna y un gimnasio. Días después el
Presidente confirmó el dato y mostró
molestia por las críticas de
“algunos medios y políticos”. La residencia de San Jorge tiene dos
saunas, “¿por qué antes no han
protestado?”, cuestionó.
El senador
Núñez lamentó que se hagan
inversiones millonarias en un proyecto
que -a su parecer- sólo beneficiará a la “comodidad” del Presidente: “En
Beni los hospitales se están cayendo a pedazos, no hay ítems para especialistas.
No entendemos cómo un gobierno que dice
defender a los que más necesitan busca
lujos”, sostuvo el asambleísta.
La
Casa Grande
Según el Gobierno, la Casa Grande del Pueblo fue
concebida como el símbolo del nuevo
Estado Plurinacional de relación
permanente con las organizaciones sociales.
• 2012 La
Ley 313 del 7 de diciembre declara
prioridad nacional la construcción del
nuevo palacio de gobierno.
• 2013
Se instruye al FNDR, la creación de una
unidad de coordinación para la elaboración del estudio TESA.
• 2016 Hace
dos años debió entregarse la obra, según
el contrato firmado en 2015 para el inicio de la construcción.
• 5 modificaciones se hicieron al proyecto que
variaron la inversión. Entre la primera
y la última hay 9,9 millones de diferencia.
• 9
muralistas elegidos por concurso plasmarán sus obras en el edificio. La
difusión de la convocatoria costó
291.705 bolivianos.