Una ley sella pacto entre Bolivia y Bielorrusia para la fabricación de armas

Las bancadas opositoras en la Asamblea sostienen que al consolidarse este acuerdo Bolivia entra en el armamentismo. El oficialismo responde que la provisión de armas será solo para las Fuerzas Armadas

La Asamblea Plurinacional sancionó una ley que ratifica un acuerdo  sobre cooperación técnico-militar suscrito entre Bolivia y Bielorrusia en julio de 2016, con lo que  ambos países sellaron derechos exclusivos  para “la elaboración y producción”, es decir,  fabricación de armas, lo que genera una nueva polémica.

La oposición lanzó dardos a la consolidación del convenio, porque vio que al suscribirlo Bolivia se abre al armamentismo. El oficialismo lo desmintió.

El 2 de marzo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, tras aprobar el proyecto, lo remitió al Senado para que esa instancia realice la revisión para fines constitucionales del mencionado convenio.

El 7 de marzo, el documento pasó la comisión de política internacional. Este medio accedió al informe de análisis realizado por esa comisión, que señaló que “se advierte que en su esencia busca contribuir al desarrollo de las relaciones entre los países suscriptores... donde el estado boliviano vela por el desarrollo en ese sector, permitiendo a su vez la formación militar”.

El oficialismo lo apoyó en pleno, con el argumento adicional de que “busca mejorar la capacidad operativa de las FFAA del país, permitiendo cumplir la misión fundamental de defensa y conservación de la independencia y estabilidad del Estado boliviano”.

La semana pasada, pasó al pleno del Senado y fue aprobado sin modificaciones en su artículo único que ratifica el acuerdo.

El voto disidente en la comisión fue del senador opositor Víctor Hugo Zamora, quien en contacto con EL DEBER señaló que “el problema pasa por que este convenio establece la posibilidad de fabricar armas en Bolivia y de constituirnos en un país armamentista, cuando nuestra constitución habla del pacifismo con el que se proyecta nuestro desarrollo”, aseveró.

El legislador tarijeño relató que dentro de las discusiones de la comisión se le pidió al oficialismo que el documento vaya a consulta al Tribunal Constitucional.

“Ese paso es perfectamente posible porque la CPE nos dice que somos pacifistas, pero el convenio plantea la posibilidad de fabricar armas”, lamentó.

La senadora del MAS Adriana Salvatierra respondió que busca mejorar la capacidad operativa de las FFAA, “la institución castrense requiere armamento, y con este convenio podrán fabricar el que necesitan. No será para iniciar la guerra a nadie, ya no las importaremos, es todo”.

Recordó que el acuerdo está en el marco de la Carta de la ONU, no contradice a la CPE. “Somos un país pacifista, tenemos FFAA y los militares requieren armamento, eso no abandona nuestra cualidad de paz, por lo que nada hay que consultar al Tribunal Constitucional”, afirmó.

Por su parte, el senador Arturo Murillo criticó que el convenio se suscriba con Bielorrusia, un país que no es democrático, “lo que muestra la tendencia del gobierno de Evo Morales, que muestra señales de seguir los pasos de su nuevo socio en este convenio”.

Salvatierra replicó en este tema que “Bielorrusia es un país que el 2015 eligió a un presidente que, en unas elecciones en la que participó el 86% de la población y fue apoyado por el 84%”.

Para la legisladora “la oposición boliviana, que no goza ni del 25% de la población, pretende interpelar la democracia de un país que para esa elección contó con más de 196 observadores internacionales. No tiene lógica”.

El convenio

En los objetivos específicos, ambas partes acordaron textualmente colaborar en la “cesión de derechos exclusivos de producción de armamento y material bélico, garantizando el asesoramiento y capacitación técnica en el proceso de producción de dichos productos”.

Específicamente, incluye producción, modernización, reparación y entrega de técnica y armamento en tres áreas: aviación, defensa antiaérea y ejército de despliegue terrestre.

Además, radiotécnica y técnica electrónica, incluso sistemas automatizados de conducción de tropas y armas, instalaciones de medios de comunicación, transmisión de datos, inteligencia y guerra electrónica.

El documento, suscrito el 13 de julio de 2016 señala el intercambio de especialistas para investigación, diseño, adiestramiento, producción, reparación, mantenimiento e implementación de proyectos combinados.

No establece montos ni refiere específicamente la compra-venta de armas o armamento, pero establece las bases para que eso ocurra. Por ello estipula que puede incluir otros ámbitos previo acuerdo entre partes y pone un candado porque señala que la cooperación se basa en principios de igualdad, reciprocidad y obligatoriedad de cumplimiento.

Por ello marca la realización de actividades combinadas relacionadas a la reconstrucción, modernización y conversión de empresas de productos con fines bélicos, prestación de servicios de reparación y mantenimiento de armamento y material bélico, adiestramiento de militares y especialistas e intercambio de información técnico-científica.

El Deber / Marcelo Tedesqui V.