ONU exige pago de una renta para discapacitados
El Comité
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas
(NNUU) lamentó los actos “de violencia en contra de la integridad física y
psicosocial de personas con discapacidad” de Bolivia, exigió que el Estado
pague una renta a ese sector y que los afectados por la represión policial
obtengan reparaciones por parte del Gobierno. Insta a que las autoridades
cumplan esas y otras recomendaciones en un plazo de 12 meses.
Esa y otras
críticas al Gobierno boliviano están incluidas en las “Observaciones finales
sobre el informe inicial del Estado Plurinacional de Bolivia” tratadas en la
décimo sexta Sesión de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad, celebrada el mes pasado en Ginebra, Suiza.
Personas con
discapacidad protestaron durante tres meses en La Paz (entre abril y julio de
2016) y fueron reprimidos duramente por la Policía y menospreciados por las
autoridades.
“El Comité
lamenta los actos de violencia en contra de la integridad física y psicosocial
de personas con discapacidad que ejercían su legítimo derecho a la
manifestación pública. También preocupan las informaciones de uso excesivo de
fuerza, intimidación y violencia física y verbal, cometida por agentes de
policía, que condujeron a lesiones físicas en manifestantes, incluyendo mujeres
y niños con discapacidad”, señala el documento.
El texto
demanda además una investigación sobre el uso de la violencia policial y que se
pague una reparación a los afectados.
El punto 46
del documento dice en ese sentido que “el Comité insta al Estado a que
establezca un proceso de investigación imparcial e independiente para
determinar las responsabilidades en los actos de represión y el uso de la
violencia en el contexto de las manifestaciones sociales de personas con discapacidad
con miras a enjuiciar a los responsables así como la reparación física y
psicosocial de quienes resultaron afectados”.
El pasado 17
de agosto la representante de las personas con discapacidad de Bolivia,
Rosemary Guarita, fue escuchada por los miembros del Comité y con el respaldo
de filmaciones, relató los momentos de extrema violencia contra ese sector
experimentados en La Paz y la indiferencia gubernamental de la que fueron
víctimas, mientras demandaban el pago de una renta mensual de 500 bolivianos.
El monto total demandado alcanzaba a 35 millones de dólares al año, es decir el
0,1% del Presupuesto General del Estado.
Durante las
sesiones, la comitiva gubernamental estuvo presidida por la ministra de
Justicia, Virginia Velasco, y la embajadora ante la ONU en Ginebra, Nardy Suxo.
Velasco informó posteriormente que el Comité “había felicitado” al Gobierno por
sus políticas referidas a las personas con discapacidad. Participó también de
las sesiones la activista y documentalista Violeta Ayala, que filmó gran parte
de las acciones de represión policial contra los discapacitados.
El documento
sobre Bolivia expresó también su preocupación “de que más del 80 por ciento de
las personas con discapacidad viva en condiciones de pobreza o pobreza extrema,
y que muy pocos reciban el apoyo de la renta solidaria”, al tiempo que agrega
que “al Comité le preocupa que el apoyo económico es insuficiente para
garantizar un nivel de vida adecuado para las personas con discapacidad y para
cubrir los costos adicionales de la discapacidad”.
El inciso 64
añade que “el Comité recomienda al Estado que tome medidas para garantizar un
nivel de vida adecuado para las personas con discapacidad y sus familias, y
para sufragar los costos incrementados de vida por causa de la discapacidad
mediante, entre otros, una revisión de los apoyos sociales, tal como la renta
solidaria, particularmente a aquellas que viven en condiciones de pobreza o se
encuentran desempleadas o sin ingresos”.
Si bien el
documento pondera algunos avances normativos, entre los incisos 5 y 81 el
Comité expresa una diversidad de preocupaciones y recomendaciones dirigidas al
Gobierno de Bolivia, las que insta a cumplir en un lapso no mayor a 12 meses
calendario.
Entre las
escasas menciones favorables al oficialismo, el Comité dijo que “encomia al
Estado” por “la adopción de la Ley General para Personas con Discapacidad 223
(2 de marzo de 2012) y su Decreto reglamentario; la adopción de la Ley contra
el Racismo y Toda Forma de Discriminación (8 de octubre de 2010); y la
designación de la Defensoría del Pueblo como instancia responsable del monitoreo
independiente del cumplimiento de la Convención”.
Las personas
con discapacidad partieron el 21 de marzo de Cochabamba hacia La Paz en una
sacrificada marcha, mediante la cual recorrieron 379 kilómetros y llegaron en
35 días. Pese a mantener una vigilia por más de tres meses en la sede de
Gobierno, el presidente Evo Morales nunca los recibió. En julio pasado
retronaron a sus distritos con las manos vacías.
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ONU exige pago de una renta para discapacitados
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10:18:00 a.m.
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