El defensor dice que la Policía abusó en Panduro

El defensor del pueblo, David Tezanos, presentó ayer un informe sobre el conflicto minero

Los oficiales portaban armas de fuego. El defensor del pueblo hace siete recomendaciones a cuatro instituciones. David Tezanos tenía que declarar ayer en la Fiscalía, pero se presentó

El coronel José Luis Araníbar, comandante de la Policía de La Paz durante los conflictos de Panduro, fue uno de los siete oficiales que violentó el instructivo que prohibía portar armas de fuego en el desbloqueo protagonizado por mineros cooperativistas. ”Así lo mencionó el defensor del pueblo, David Tezanos, en su presentación del Informe Defensorial, elaborado sobre este caso y en el que describió los abusos cometidos por los uniformados el 24 y 25 de agosto, incluso calificó algunos como “delitos comunes”.

Sobre el comandante de la Policía paceña, el informe relata un diálogo entre la defensora adjunta, Tamara Núñez del Prado. “¿Esa arma es de balas?, ¿es reglamentaria?”, preguntó Núñez del Prado al jefe policial. Araníbar respondió: “Sí, sí es reglamentaria, pero no la estamos usando, de hecho estamos con nuestras armas. Yo, si quiero, puedo ordenar que hagan uso, pero no lo voy a hacer. Imagínense que nos agarren y tenemos que defendernos en caso de emergencia’”, refiere el Informe Defensorial.

“(El 24 de agosto), en la localidad de Lequepampa, vimos que la Policía empezó a arremeter con balines de goma y cuando ya se había replegado el grupo de los mineros procedieron a actos que entran ya en la delincuencia común", expresó en conferencia de prensa.

Tezanos señaló que los policías “empezaron a destruir una volqueta de una cooperativa; las ollas grandes en la que se estaba cocinando la comida de los mineros fueron volteadas, los enseres de las personas mineras que estaban en el lugar fueron quemados, encontramos que había todavía fuego prendido en las mochilas”.

De igual modo, dijo que, según los indicios recolectados por los personeros de esta oficina, las muertes de los cuatro mineros, dos en Cochabamba, uno en Oruro y otro en La Paz, supuestamente se produjeron por disparos de arma de fuego de calibre 9 mm.

El documento tiene detalles de las llamadas de los dirigentes, lugares que visitó la Defensoría, incluso describe cómo fue secuestrado el exviceministro Illanes por los mineros, a través de testimonios de los pobladores de Panduro.

Los aludidos

Sobre las acusaciones, los abogados del coronel José Luis Aranibar y del Ministerio de Gobierno pidieron tiempo para conocer el documento.

El representante legal del Ministerio de Gobierno, Marcelo Muñoz, afirmó que si existe una certeza del defensor sobre los oficiales que hubieran portado armas de fuego, debe ser entregado a la comisión de fiscales porque son los responsables de la investigación y, más aún, si el documento contiene los nombres y grados de los oficiales que portaban armas en los días de agosto.

Dijo que, como Ministerio de Gobierno, solicitaron los informes internos al Comando General de la Policía y a las mismas unidades, y que en todos los informes los oficiales aseguraron que no se usaron armas de fuego en el conflicto. Anunció que llama la atención que el documento del defensor afirma lo contrario.

El abogado del coronel Aranibar, Johan Muñoz, se excusó de emitir un criterio porque dijo que no conocen el informe del defensor del pueblo y que luego de acceder al mismo podrán asumir alguna acción en consulta con su defendido.

Los heridos

El documento, de 74 páginas, también enumera los casos de heridos de bala y los que fueron trasladados a los centros médicos de poblados, informe de los médicos y testimonios de los heridos.

Relató que en Eucalipto, población vecina a Panduro, fueron atendidos 19 heridos, “muchos de ellos, de bala”, y afirmó que recogieron declaraciones de los mineros que se negaron a ser trasladados a un centro hospitalario de la ciudad para evitar ser aprehendidos.

Las recomendaciones

Tezanos dijo que después de revisar y analizar los informes se decidió la emisión de siete recomendaciones: la primera es para el Ministerio de Gobierno e indica que debe velar por que los policías acudan protegidos a cualquier conflicto; la segunda es a los jefes policiales, a los que recomienda impartir cursos sobre el comportamiento policial en ese tipo de hechos para evitar los abusos que se produjeron en Panduro.

En tercer lugar está la Fiscalía, a la que pide la investigación pronta de los sucesos y sin desigualdades, y hace referencia a las seis víctimas que se produjeron entonces; la cuarta recomendación es para el Ministerio de Justicia y pide la indemnización y atención a las familias de los fallecidos.

En la quinta, vuelve sobre la Policía y pide una investigación interna sobre los testimonios de portación de armas; en la sexta, pide garantías y protección al Ministerio de Gobierno para los policías que testificaron sobre la portación de armas de los jefes policiales.

La séptima recomendación es para los mineros, a cuyos dirigentes llama a expresar sus reclamos dentro del marco de las leyes y sin vulnerar derechos de los demás ciudadanos, y solicita cooperación con la investigación de la muerte del exviceministro Rodolfo Illanes

El Deber / Marco Chuquimia