Gobierno gasta más de mil millones de bolivianos para construir edificios




El oficialismo destaca que las obras se quedan para el país. Ven falta de transparencia en proceso de licitación para la designación de empresas que edifican.
Más de mil millones de bolivianos, es el gasto que el Gobierno de Evo Morales estaría realizando con la construcción de modernos edificios que servirán para el funcionamiento de instituciones públicas.
La denominada Casa del Pueblo con más de 250 millones de bolivianos, la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), con la inversión de 180 millones de bolivianos; el edificio del Ministerio de Economía que según datos recientes son más de 100 millones de bolivianos; la Procuraduría con más de 32 millones, el Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid)  que si bien el costo total fue de 7.7 millones, Bolivia contribuyó con 4 millones, y otros edificios nuevos que se impulsaron en los últimos tiempos para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), alcanzan un monto de más de mil millones de bolivianos.
Este número significativo en la inversión de edificaciones públicas, arroja desde la oposición varias críticas hacia los gobernantes, mientras que desde el oficialismo, autoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS), respaldan y apoyan el trabajo de Morales.
Observaciones. Los parlamentarios opositores del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola y Víctor Hugo Zamora, coincidieron por separado en observar los gastos económicos que se estaría realizando por parte del Gobierno central.
El senador Zamora mencionó que en algunos particulares, la inversión económica en la construcción de edificios, sí podría ser justificable, sin embargo, aclaró que en su mayoría no tienen fundamentos ni justificativos para levantarse.
Indicó que en el caso de la ALP, este no abastece para el número de parlamentarios que alberga y que para este órgano sí podría justificarse, además remarcó que una parte de la inversión económica para esta construcción, se ha obtenido aportes de los mismos legisladores.
"El resto es un exceso de gastos, raya lo absurdo lo que ocurrió con el Ministerio de Economía con el gasto público. Molesta la soberbia de algunas autoridades, por ostentar sus inmuebles. Todo esto no está acorde a lo que se vive en el país y más lo que se dicen por la producción nacional. Se debe invertir en estructuras, para beneficio de la población no para gastos de funcionarios públicos", manifestó.
Indicó que estas cifras económicas podían ser invertidas en obras de gran beneficio para la población boliviana, entre ellas señaló el problema de hacinamiento de las infraestructuras y del equipamiento en salud, como uno de los más lamentables en el país.
Críticas. La diputada Piérola, a tiempo de cuestionar los elevados gastos, señaló que el Gobierno debería escuchar las demandas de sectores sociales que buscan mejorar su calidad de vida, como las personas con capacidades diferentes, fabriles, trabajadores, indígena y otros.
Mencionó que en más de una oportunidad se solicitó de manera oficial, los informes sobre gastos y otros puntos, pero que hasta la fecha no han recibido respuestas en concreto sobre los temas solicitados. "Ellos pecan de incumplimiento de deberes, hacen lo que les da la gana con la economía de Bolivia. Cuando pedimos petición nos dicen que no tenemos potestad de fiscalizar, entonces ¿qué hacemos ahí en el órgano legislativo?, porque somos de oposición ni nos toman en cuenta", remarcó.
Sin embargo, la posición del Movimiento Al Socialismo (MAS), aún se mantiene firme y justifica los gastos millonarios en la construcción de edificios gubernamentales.
Asegura que no son gastos innecesarios, sino inversiones en la administración pública, para brindar mejor comodidad a la población cuando asiste a realizar diversos trámites. "La administración pública pasó por un despojo de bienes del Estado, resulta que la oposición cuando ganó el neoliberalismo, también se empecinó en desvestir los bienes públicos. Este Estado necesita condiciones para que servidores públicos trabajen cómodos. Nada de eso se lleva el presidente o vicepresidente, la institucionalidad queda", subrayó la senadora oficialista.
Trabajo. El politólogo, Jimmy Frías, coincidió con lo mencionado por el senador opositor Zamora en el caso de un nuevo edificio para la ALP.
Al mismo tiempo hizo énfasis en el gasto mayoritario en el alquiler de oficinas gubernamentales, resaltando que a su parecer el Gobierno debería economizar en algunos trabajos.
Sin embargo, de forma tácita cuestionó la imagen de derroche que a su parecer el Gobierno habría iniciado. "Hay situaciones en las que se debe considerar esa acción  por el alto costo que demandan estos alquileres. Pero creo que hacer un nuevo edificio para reemplazar oficinas  propias, como el del Palacio de Gobierno, es un gasto innecesario, con esa construcción no tenemos ningún beneficio los bolivianos", manifestó Frías.
Indicó que a su parecer, las oficinas de YPFB y de Bolivia Tv, son las que han sido los escenarios de muchas remodelaciones, sin una necesidad urgente. "En estas situaciones se evidencia la intención de mostrar la parafernalia del Gobierno", precisó.
Poca transparencia. En tanto, el analista, Carlos Cordero, fue puntual al observar que existe una falta de transparencia en las licitaciones y el trabajo de inversión que hace el Gobierno en la edificación de nuevas oficinas.
Asegura que los más de mil millones de bolivianos queda como una cifra pequeña, tomando en cuenta todos los gastos que ha ejecutado el Gobierno en nuevas obras de beneficio gubernamental. Apuntó que hay dos posiciones en este tema, el efecto positivo y negativo. El primero son las obras que ya quedan para el país, dado que ninguna autoridad se apropia de estas.
El segundo no está basado en el monto económico, sino en el gasto sunturario y el derecho de no promover la industria nacional. "Todo se ha hecho por invitación directa, con poca transparencia. Vemos que hay licitación para cosas pequeñas, no para las grandes empresas que van a adjudicarse a grandes obras. Creo que los legisladores no han investigado detalles de cómo se está actuando en ese sentido", manifestó el analista.

El Día
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