Castigan a las mujeres que denunciaron a un director acusado de acoso sexual

Castigan a mujeres que denunciaron a director acosador

Rilda Molina no esconde sus lágrimas. Solo se las limpia con una mano, mientras cuenta su drama

Sus vidas cambiaron para mal, desde que actuaron para que la Policía detenga al director del colegio Jorori, acusado de llevar a un motel a una alumna de 14 años. Dirigentes

de la comunidad les dicen que todo fue planificado y la secretaria fue despedida

En el centro educativo Jorori hay dos profesoras que sienten que sobre ellas han caído los peores truenos. Ellas también aseguran que sus vidas han cambiado para mal desde que el 9 de mayo fueran pieza clave para que la Policía atrape al director de ese establecimiento, que fue encontrado infraganti con una estudiante de 14 años en un motel de la zona del Plan 3.000.

Alejandra Robles y Rilda Molina fueron dos de los seis docentes que ante la queja de una alumna de que el director del establecimiento la estaba acosando sexualmente, decidieron actuar, seguirlo y denunciar a la Policía.

“Todo ocurrió muy rápido aquel día. La secretaria fue la que me contó sobre la queja de la estudiante y después yo, que no sabía qué hacer, lo conversé con otros profesores y decidimos muy rápido cómo evitar que se le haga daño a la alumna”,  dice la profesora Alejandra, que lamenta que desde entonces muchos problemas han caído sobre ella y sus colegas. 

“Si hubiese sabido eso, simplemente callaba, pero también digo que soy mujer y reaccioné en el afán de defender a una estudiante”,  dice, sentada en un banco de madera. Bajo la tranquilidad de la sombra de un árbol, dentro del establecimiento ella sostiene que está preocupada, molesta, con rabia.

Alejandra resume así todos los problemas que se le han presentado: “Algunos profesores, la junta escolar y dirigentes de la comunidad nos dicen que le hemos hecho una trampa al director, que por qué no hemos pensado en la integridad de nuestro colega y de su familia, que deberíamos renunciar, pedir traslado a otro colegio, han hablado en contra de la estudiante víctima y ella ya no viene a clases. También han despedido a la secretaria Esther Flores Miranda que fue la que me avisó sobre la situación que estaba pasando la estudiante”.

Mientras habla Alejandra, Esther Flores, la secretaria despedida, está en su casa ubicada a dos cuadras del colegio. Está en la cocina construida de barro, mientras su hijo de dos años juega en un patio amplio lleno de sombras de árboles frondosos.

Ahí mismo, Esther confirma que fue despedida por su tío Rubén Cabrera, que es el presidente de la junta escolar.

“Me despidió verbalmente, sin ninguna carta de por medio. Solo me dijo que ya no vaya a trabajar, que entregue el escritorio”, cuenta, y dice que ella sabe que es por lo ocurrido, porque su vida ha cambiado desde el día en que escuchó a la muchacha que se le acercó para contarle que el director la estaba acosando. Solo atinó a hablar con la profesora Alejandra, no quiso hacerlo con su tío Rubén porque el año pasado fue a él a quien le dijo que ella también había sido acosada por el mismo director, pero no hizo nada para ayudarla; por eso ya no le tuvo confianza.

Esther dice que necesitaba el trabajo porque es padre y madre para su niño y, antes cuando salía a la calle a pasear, los vecinos la saludaban con atención, porque al ser la secretaria del colegio, todos la conocían. “Pero ahora siento que me tratan con indiferencia, ya no me saludan, como si hubiera hecho algo malo. Para la comunidad actué mal. Todos me juzgan. En la calle me miran como bicho raro. Ojalá pueda conseguir trabajo porque he quedado prácticamente en el aire”, lamenta.

Rilda Molina Salazar está llorando. Ha aparecido de repente. Se ha acercado hasta donde está la profesora Alejandra, en ese banco de madera al lado de un árbol frondoso. En el patio del colegio de Jorori.

“Ella es la profesora que también participó en el caso del director que fue encontrado con la alumna en el motel”, dice Alejandra. 

“Trabajo aquí desde hace 10 años. Estoy viviendo momentos muy difíciles. Todo por haber pretendido hacer el bien”, dice la profesora Rilda, que se queja de que varios dirigentes de la comunidad de Jorori se han acercado a ella para decirle que hizo mal al haber denunciado al director, que atentó contra la imagen del colegio y de la zona y que nunca antes había pasado esto.

“Y no solo eso”, enfatiza. “Dicen que más bien temen de nosotros, que cualquier cosa les podemos hacer, que somos peligrosas. Esto nos ha cambiado la vida. Yo no podía ser cómplice y por eso lo denunciamos al director. No fue una trampa. Ahora hay mucha gente que está en contra de nosotras. La comunidad nos está juzgando mal y también algunos docentes y se han metido en nuestra vida personal también”, denuncia la profesora, con la voz quebrada, con los ojos mojados.

Alejandra y Rilda coinciden en que no van a pedir su traslado a otra unidad educativa, porque consideran que no han hecho nada malo, y que por el contrario, los padres de familia deberían estar agradecidos con ellas por haber denunciado una conducta que estaba poniendo en riesgo la integridad de una alumna.

La comunidad de Jorori está ubicada en la carretera a Paurito. En ella viven 380 familias guaraníes y quechuas y el centro educativo cuenta con 500 alumnos provenientes de ocho comunidades vecinas.

Justa Cabrera es la dirigente de los vecinos de Jorori. Ella dice que el año pasado, antes de que hubiera llegado el director que ahora está en la cárcel,  el colegio era un territorio sin Dios ni ley, no había control, los profesores entraban a las 9 o a las 10 de la mañana, dejaban a un suplente y se ocupaban de sus labores particulares.

“Luego llegó el director el año pasado. Si bien no estamos defendiendo su actitud inmoral, en el colegio hay un consejo disciplinario y de padres de familia. Nos preguntamos ¿por qué esas profesoras actuaron con tanta maldad de darle muerte civil a ese profesor? El caso es que ellas se atribuyeron ser detectives, denunciantes, hacerle el seguimiento de todo un mes, porque no fue ese ratito”, enfatiza Cabrera que insiste en decir que los cambios que implementó el que era director hasta que la Policía lo detuvo, cuando fue encontrado en el motel, fueronnormas importantes en el colegio, como un registro biométrico de ingreso y salida de docentes, una planilla para que presenten su informe de avance de materias y luchó contra la venta libre de droga dentro del establecimiento.

“Deben saber también que el hombre es débil. Que le pongan a usted el plato más lindo, que más le guste, ahí, le va a tentar pues y se lo va a querer comer. Hay un grupito de profesores que estaban afectados con los cambios y le tendieron una trampa.

Eso piensan los padres de familia. Yo no puedo decir que así fue, pero la mayoría de las madres lo ve así”, dice y sobre la secretaria Esther, considera que ella recibía el sueldo con dinero que aportaban los padres de familia y que por tal motivo, cuando la alumna le dijo que el director la estaba acosando, primero debió avisarles a los padres y a los dirigentes de la comunidad, puesto que todos tienen teléfono.

El presidente de la junta escolar de la unidad educativa, Rubén Cabrera confirmó que los padres de familia ordenaron que se despida a la secretaria Esther Flores Miranda, porque ya no confiaban en ella porque ellos le pagan el sueldo.

Dijo que fue él quien le dio ese trabajo, como una oportunidad por ser madre soltera y familiar suyo.

Cabrera se siente herido. “Ella debió avisarme a mí cuando se enteró de la denuncia de la estudiante contra el director. Dijo que no lo hizo porque no me tenía confianza porque el año pasado, cuando ella me dijo que el director la estaba acosando, yo no hice nada. Le diré la verdad, es verdad que me comentó el año pasado, pero no de manera formal, me contó que el profesor se le insinuó y me lo dijo de forma alegre. Le dije que son cosas de la política pública, que lamentablemente así trabaja la gente, pero  fue de repelón, no fue una cosa formal”, se justificó.
Cabrera, insistió en que los padres de familia creen que los profesores que denunciaron al director actuaron de mala fe y no esconde que existe un ambiente pesado en el establecimiento, pero considera que con el paso de los días irá mejorando todo.

Las profesoras Alejandra Robles y Rilda Molina también esperan que los próximos días mejore el ambiente, que los problemas de ahora ya no les agobien ni las apunten como si fueran enemigas de la comunidad.

Cortaduras de brazos y la venta de drogas, las otras guerras

 La profesora Alejandra Robles coincide con sus detractores en que hay otros problemas que se deben resolver dentro del colegio Jorori: Luchar contra la costumbre que tienen algunos estudiantes de cortarse los brazos y otros problemas relacionados a la salud y la seguridad de los estudiantes.

Robles recuerda que ella, junto a otros docentes, descubrieron hace poco que más de 20 estudiantes tenían los brazos cortados por ellos mismos, y que ejecutaban esta práctica para calmar el dolor que sentían a causa de problemas familiares.

Justa Cabrera, representante de la comunidad Jorori, pide a las autoridades educativas y de Gobierno que haya más investigación en cuanto a la drogadicción dentro del colegio, a los cortes en los brazos de los estudiantes y a las adolescentes que se embarazan.

“Hay muchas anormalidades que han venido pasando desde hace mucho tiempo. Los padres hemos pedido que haya cambio también de profesores. Hay algunos que no están cumpliendo su función como maestros. Estamos trabajando en eso”, dijo Cabrera.

Rubén Cabrera, presidente de la junta escolar de la unidad educativa Jorori, reveló que el año pasado hubo siete embarazo de alumnas y que eso no se ha investigado, que lo que se sabe hasta ahora es que esas estudiantes fueron perjudicadas por personas de afuera del establecimiento. 

El tema de los embarazos de las estudiantes también preocupa a Justa Cabrera, que dice que esto ocurre desde hace años.

En las calles de la comunidad, hay padres de familia que dicen estar preocupados por lo que viene ocurriendo, que están manteniendo reuniones para buscar soluciones y pedir a las autoridades departamentales y nacionales que apoyen para luchar contra todos los males de este centro educativo.

El Deber / Roberto Navia