ASFI pide imponer pena de 15 años para culpables de desfalco al Unión

Por los delitos imputados, Juan Pari y otros posibles cómplices tendrían una pena de cárcel de entre 5 y 10 años. La entidad presentó apersonamiento a la Fiscalía

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) solicitó a la comisión de fiscales que investigan el fraude al Banco Unión por un monto de al menos Bs 37,6 millones que redireccionen las pesquisas, para endurecer la pena de hasta 15 años a los que resultaren involucrados en el hecho delictivo.

“Teniendo en consideración que aparentemente un funcionario del Banco Unión colaborado por terceras personas, se apropiaron de forma indebida de fondos financieros, solicito que dispongan la ampliación de la investigación por delitos financieros, apropiación indebida de fondos financieros y asociación delictuosa”, señala el apersonamiento de la directora de la ASFI, Lenny Valdivia, a la comisión.

El exjefe de Operaciones de la agencia de Batallas (La Paz) del banco, Juan Pari; su novia, la argentina Luciana Cagnola; Alexis Calderón, ex socio de Pari, entre otras 14 personas, están con detención preventiva y domiciliaria, imputados por enriquecimiento ilícito, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas.

Justificación legal

“Estos delitos tienen sanción debajo de los 10 años. Estamos insistiendo con el Ministerio Público, el Banco Unión y la ASFI  porque este no es tema de corrupción. Estamos frente a un hecho delictivo tipificado y sancionado en la Ley de Servicios Financieros. Nosotros vamos a buscar la máxima sanción porque el riesgo en que se ha puesto la imagen del banco de los bolivianos ha sido muy alto”, puntualizó Valdivia.

Con esta nueva figura dentro del proceso, más allá de las imputaciones iniciales, la pena por apropiación indebida de fondos es de entre 5 y 10 años. Pero se puede incrementar en la mitad cuando es cometida por un funcionario de la propia entidad, señala la ASFI.

Medidas estatales

Por otro lado, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que luego de la reunión de gabinete ampliado de emergencia, se determinó ajustar el control a los funcionarios públicos en las reparticiones estatales para prevenir hechos de corrupción.

“Las autoridades ejecutivas tenemos que ser muy drásticas y multiplicar nuestros mecanismos de control donde hay irregularidades y corrupción, en la que puedan incurrir servidores públicos”, señaló en torno a los casos de corrupción o de fraude financiero conocidos las últimas semanas.

El ministro de Economía, Mario Guillén, declaró, por su parte, que en la reunión de gabinete  no se analizó en particular el caso del fraude en el Banco Unión, considerado un escándalo de magnitud en todo el país, aunque no afectó al sector financiero.

“En la reunión del gabinete, no se ha tratado específicamente este tema. El presidente Evo Morales ha estado permanentemente informado de lo que está pasando”, dijo escuetamente Guillén.
El Estado tiene el 98,5% de participación en el paquete accionario del Banco Unión.

El Deber