Embajada de EEUU testifica a favor de Doria Medina

El encargado de Negocios de la embajada de EEUU, Peter Brennan, emitió una carta en la que dice que el traspaso de fondos fue exigencia de su Gobierno

Una carta de la embajada de los Estados Unidos señala que la decisión de traspasar los recursos del proyecto de Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas) a la Fundación para el Desarrollo (Funda-Pro), asumida por Samuel Doria Medina, en su calidad de ministro de Planeamiento en 1992, “resultó de beneficio para Bolivia”. El opositor afronta un juicio por esa acción, al considerarse que ocasionó un daño económico al Estado.

A menos de una semana de su audiencia de medidas cautelares, el jefe de Unidad Nacional ratifica que el préstamo de $us 21 millones fue una “condición” del Gobierno estadounidense para la condonación de la deuda que mantenía Bolivia con EEUU por $us 383 millones. El aspecto es también validado por el encargado de Negocios de la embajada en La Paz, Peter Brennan.

“Confirmamos que fue un requisito de nuestro Gobierno para la condonación de la deuda del proyecto Focas, la transferencia de esos recursos a una fundación privada sin fines de lucro, en este caso a la Fundación para la Producción (Funda-Pro)”, detalla la misiva.

Sin embargo, el presidente de la comisión que investigó ese caso y diputado, Javier Zavaleta (MAS), sostiene que “en el documento de condonación de la deuda no hay condicionamiento de Estados Unidos para entregar dinero a una institución privada”.

La embajada de EEUU agrega que “tampoco hemos encontrado elemento que implique algún tipo de pérdida para el Estado boliviano o que se entregaron recursos públicos a algún grupo privado vinculado con Samuel Doria Medina”.

Suficiente influencia

La Fiscalía rechazó que el opositor presente la carta de la embajada estadounidense como una prueba de descargo, debido a que no fue obtenida por la vía regular, a través de la Cancillería. Además, cree que Samuel tiene la “suficiente influencia” para acudir directamente a la representación diplomática y solicitar esa información, saltando procedimientos.

La obtención del documento, de acuerdo con los investigadores, apoya la hipótesis de que el imputado “puede impedir la averiguación de la verdad, peligro procesal de obstaculización”, aspecto que justifica el pedido de detención preventiva en una cárcel

El Deber / Jesús Alanoca