Español denunciará a la policia boliviana por su polémica detención

Ref. Fotografia: Denuncia. El ciudadano español acompaña a su esposa que amplía la denuncia y pone en conocimiento del fiscal.

Español denunciará a policías por su polémica detención
Control. El asesor jurídico del municipio anticipó que remitirán a la Fiscalía los antecedentes del caso de extorsión revelado por la pareja del extranjero.

Rubén Marticorena, ciudadano español que fue arrestado por policías de Interpol el lunes por la noche, anuncia que iniciará un proceso en contra de los oficiales que lo sacaron de su casa porque considera que atropellaron sus derechos. Lamenta que las denuncias de corrupción presentadas por su esposa contra los funcionarios municipales deriven en estos actos. La pareja llegó ayer hasta las oficinas de la Fiscalía para poner en conocimiento del investigador asignado al caso las acciones cometidas en su contra.

Contra los uniformados. “Yo me voy a ir a la DIDIPI a denunciar a la Interpol que se han metido en mi casa, que la allanaron sin una orden, como se ve en el video… Me sacan como un perro, me llevan en la camioneta, me pegan un puñete en la cabeza y (amenazan) que me iban a llevar a mi país”, dijo Marticorena en contacto con los medios de comunicación, luego de recuperar su libertad. La Dirección de Investigación Policial (DIDIPI) es una oficina de la Policía Boliviana que se encarga de investigar casos sobre abusos o irregularidades que cometan los uniformados en función de su cargo. “Ellos entraron en mi casa sin ninguna orden, eso se ve claro en el video”, agrega. Menciona que tiene el nombre y número de placa del uniformado que ingresó a su hogar.

Abuso de autoridad. Marcelo Arrázola, actual presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, comenta al respecto que “es lamentable que ante las denuncias de supuestos actos de corrupción, el denunciante termine perseguido por órganos de poder”. El jurista recuerda que la Policía o autoridades del área “no pueden ingresar a un domicilio sin la orden de un juez, a menos que exista flagrancia del delito, pero como hemos visto que luego fue liberado, asumimos que no hay delitos en su contra” aclara y califica la acción como un “abuso de autoridad”.

Municipio

El caso está en manos de Transparencia

Declaraciones. José Negrete, que es secretario jurídico de la municipalidad, insiste en que el local Antojitos funcionaba sin permiso para la venta de bebidas alcohólicas, "esta señora embarra el nombre de José Negrete sin que yo la conozca, por eso vamos a presentar todos los antecedentes ante el Ministerio Público". Mientras que la concejal presidente Angélica Sosa descarta que las supuestas acciones de funcionarios sindicados empañen la imagen del alcalde Percy Fernández y de la agrupación Santa Cruz para Todos. Sosa indicó que no se apañará a nadie en el municipio.

El Día / Carlos A. Muñiz J.

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